Denuncian tala masiva de árboles en el Centro Olímpico: más de 300 caobas habrían sido derribadas



Santo Domingo.– Indignación y preocupación ha generado la denuncia de que más de 300 árboles, en su mayoría caobas, fueron talados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los trabajos de remodelación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La alerta fue realizada por la Fundación Wiche García Saleta, que condenó la acción calificándola de “barbarie ecológica”, y exigió una explicación inmediata a las autoridades responsables de las obras.

La tala masiva se habría producido en las inmediaciones del estadio de béisbol del complejo deportivo, en un área que por décadas había servido como refugio natural en el corazón del Distrito Nacional.

La situación salió a la luz luego de que circulara un video en redes sociales donde una ciudadana mostraba en tiempo real el impacto de la deforestación. El audiovisual desató una ola de críticas de sectores ambientalistas y ciudadanos preocupados por la pérdida del espacio verde.

“Eso es algo propio de tiempos de barbarie, no de un país que se dice moderno. ¡Talar así, sin ningún criterio, un área verde con más de 50 años de vida! Es un irrespeto al medioambiente y al legado deportivo”, declaró con indignación Juan Ulises García, presidente de la fundación denunciante.
Piden transparencia y plan ambiental

García cuestionó la falta de planificación sostenible en las obras y criticó que no se hayan aplicado técnicas de trasplante de árboles adultos, una práctica común en proyectos urbanísticos responsables.

La fundación pidió al Ministerio de Deportes y al Comité Organizador de los Juegos 2026 presentar el plan ambiental correspondiente, y solicitó una revisión urgente de los proyectos de infraestructura dentro del Centro Olímpico para evitar más daños al ecosistema capitalino.

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno ni del comité organizador ha ofrecido declaraciones al respecto, lo que ha generado aún más malestar entre ambientalistas y ciudadanos.

La comunidad exige que se aclare quién autorizó la tala, si se cuenta con estudios de impacto ambiental y qué medidas se tomarán para reforestar y compensar el daño ocasionado.

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