Santo Domingo.– A partir del mes de septiembre, toda institución pública que no cumpla con el mínimo de 85 puntos en las evaluaciones de sus portales de transparencia será objeto de sanciones, así lo informó este lunes la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en cumplimiento con el Decreto 166-25 emitido por el presidente Luis Abinader.
La directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, fue enfática al advertir que estas acciones buscan fortalecer el acceso a la información y combatir la corrupción en el aparato estatal. Indicó que los servidores públicos que no respondan con eficiencia a las responsabilidades establecidas en la matriz de responsabilidad informacional serán excluidos del pago de compensaciones extraordinarias.
“La Ley 200-04 no es opcional. Es un derecho del pueblo conocer cómo se gastan los fondos públicos. Y si no se cumple, habrá consecuencias que van desde sanciones administrativas hasta inhabilitación para ocupar cargos públicos”, expresó Ortiz Bosch.
La normativa también establece que el nivel de cumplimiento en transparencia será incluido dentro de los acuerdos de desempeño individual de los empleados públicos, con un valor de hasta 16 puntos en la evaluación total, bajo la supervisión del Ministerio de Administración Pública (MAP).
Entre los requisitos obligatorios se encuentra el uso del Portal SAIP, que será la única vía oficial para recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información. Además, cada institución deberá completar y devolver en 30 días la matriz que especifica qué información publicar, quién la entrega, cómo debe publicarse y en qué formato, incluyendo Excel o PDF.
Estas medidas, según explicó la asesora del Poder Ejecutivo en materia de ética y transparencia, buscan garantizar una transparencia activa y pasiva, en sintonía con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y la Política Nacional de Datos Abiertos.
El nuevo régimen de control será aplicado a todos los órganos y entes del Poder Ejecutivo, incluyendo instituciones centralizadas y descentralizadas, que deberán acatar esta disposición o enfrentar las consecuencias legales y disciplinarias correspondientes.
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