Lo que estamos viendo contra Édgar Augusto Féliz Méndez no es crítica periodística: es un ametrallamiento mediático bien financiado, dirigido por sectores que ambicionan la posición estratégica que hoy ocupa este barahonero. Y como todo plan cobarde, necesita voceros: algunos con trayectoria y otros que operan desde ventorrillos mediáticos cuyo único capital es el escándalo.
A los ataques de Ramón Tolentino y de la página “Aki no callamos” ahora se han sumado figuras de mayor alcance, incluso periodistas como Nuria Piera, que deberían saber distinguir entre investigación seria y una narrativa fabricada para complacer a los grupos que pagan esta campaña. Así, entre prensa tradicional y “proyectos” improvisados en redes sociales, han creado un coro desafinado que repite acusaciones sin pruebas, insinuaciones irresponsables y ataques personales que rayan en la difamación.
Como barahonero, no pienso quedarme callado mientras intentan desplazar a un hijo de Barahona para colocar a alguien que responda mejor a los intereses de los que están financiando este operativo de demolición reputacional. Aquí no se debate su gestión —que, como toda función pública, puede ser evaluada con datos— sino una ofensiva orquestada para sacarlo del puesto.
Lo digo con claridad: la libertad de expresión no es licencia para destruir honras por encargo.
Quien tenga pruebas que las saque.
Quien no las tiene y aun así acusa, no es periodista: es parte de un plan.
Y en ese plan, Barahona no se queda de brazos cruzados.
