La nueva Ley 97-25 fortalece garantías, agiliza los procesos y amplía los mecanismos alternativos de resolución de conflictos
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgó este domingo la Ley 97-25, que reforma el Código Procesal Penal de la República Dominicana, en cumplimiento de la Sentencia TC 0765-24, la cual ordenó sustituir la anterior Ley 10-15. La información fue dada a conocer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien destacó que esta actualización incorpora criterios modernos asumidos por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia.
El texto legal será publicado en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia este martes en el Distrito Nacional, y el miércoles en el resto del país.
Entre los cambios más relevantes, la reforma amplía los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, incorporando justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible para hechos sancionados con penas de hasta cinco años de prisión.
Peralta Romero explicó que el nuevo marco procesal fortalece el derecho de defensa desde las primeras etapas del proceso, reforzando la presunción de inocencia y garantizando asistencia técnica integral para personas vulnerables. También se amplía el plazo para que la defensa presente escritos, se facilita la solicitud de contraperitajes y se establecen límites máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes carecían de plazo.
La reforma introduce reglas más estrictas en las medidas de coerción, exigiendo mayor motivación judicial para cualquier restricción de libertad y definiendo criterios claros sobre arrestos y órdenes de comparecencia. Asimismo, establece el principio de plazo razonable: cuatro años para casos ordinarios y cinco años para casos complejos.
Uno de los cambios más significativos es la eliminación del “nuevo juicio” en apelación, otorgando a las cortes facultades para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, con lo que se garantiza un doble grado de jurisdicción más efectivo.
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El consultor jurídico afirmó que el reformado Código Procesal Penal impulsa un sistema más rápido, efectivo y especializado, que promueve la economía procesal y la solución de conflictos. Además, armoniza su contenido con el nuevo Código Penal recientemente promulgado, adoptando la nueva clasificación de infracciones.
Peralta resaltó que la reforma fue fruto de amplias jornadas de trabajo en las que participaron el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica, legisladores y representantes de la comunidad jurídica, lo que permitió alcanzar consensos para fortalecer la administración de la justicia penal en el país.
