MP detalla que asistentes llevaban listas “del CEO o del Olimpo” para aprobar prestadores en ausencia del director
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público reveló que el entonces director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim Albany, habría creado un comité interno de contrataciones médicas sin base legal, el cual operaba bajo su control directo y se utilizaba para aprobar prestadores de servicios “por orden superior”, según consta en la solicitud de medida de coerción del caso Operación Cobra
De acuerdo con el expediente, a partir de su designación en agosto de 2020, Hazim modificó de forma unilateral los mecanismos establecidos para evaluar y contratar proveedores, dejando sin efecto los procesos regulados por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Ese comité estaba integrado por gerentes cercanos a su círculo de mando y por dos asistentes personales que, en su ausencia, acudían a las reuniones con listas previamente definidas de prestadores que debían ser aprobados “por instrucción del director”, utilizando expresiones como “eso es del CEO” o “eso viene del Olimpo”.
Estructura interna y maniobras de control
La acusación establece que el grupo habría construido una estructura paralela para impedir controles internos, bloquear iniciativas de transparencia y mantener la continuidad de maniobras fraudulentas. Parte de este equipo, según el documento, creó “programas especiales” sin sustento técnico ni financiero, que sirvieron como canal para recibir sobornos desde empresas del sector salud.
Para justificar la salida de fondos, el Ministerio Público señala que se realizaron cierres contables manipulados, adulteración de estados financieros y alteración de registros desde la base de datos institucional, con la participación de personal de contabilidad, finanzas y tecnología. Estas acciones habrían ocultado un déficit superior a RD$15,000 millones, manteniendo ante los organismos externos la apariencia de estabilidad.
Sobornos y empresas de fachada
La investigación indica que miembros de la alta gerencia de Senasa habrían recibido pagos ilícitos para direccionar contratos y favorecer a prestadores específicos. Para encubrir el origen de los fondos, se habrían utilizado empresas de carpeta que emitían facturas ficticias, simulando servicios de salud que nunca se realizaron.
Entre las irregularidades señaladas figuran aumentos injustificados en facturación de pacientes, cobros por procedimientos inexistentes y facturación a nombre de personas fallecidas. También se menciona la negociación irregular de códigos de prestadores previamente cancelados.
Obstrucción y encubrimiento
El Ministerio Público sostiene que la red incluso habría intentado obstaculizar la investigación, retrasando la entrega de informaciones y ocultando documentos requeridos por las autoridades. El dinero obtenido de las maniobras fraudulentas habría sido usado para adquirir bienes a través de terceros.
Imputados y solicitud de coerción
Las autoridades aseguran que el esquema afectó de manera significativa las finanzas del seguro estatal y que el expediente contiene evidencia documental que respalda las acusaciones.
