Por Xavier Carrasco
La República Dominicana enfrenta una tragedia silenciosa pero constante: los accidentes de tránsito. Aunque no sean contagiosos, sus efectos letales y persistentes justifican calificarlos como una “pandemia”. Matan a miles cada año, lisiando familias, consumiendo recursos del Estado y truncando vidas productivas.
Las cifras hablan por sí solas. En 2019 murieron 3.204 personas por accidentes viales; en 2020, 2.711; en 2024, al menos 1.961; y solo en el primer semestre de 2025 ya se registraban 824 muertes en las 32 provincias del país.
Cada día ocurren en promedio más de 200 accidentes, y las motocicletas están presentes en cerca del 65 % de los casos. La tasa de mortalidad en 2020 alcanzó 25,9 fallecidos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente.
Estas cifras confirman que los choques viales no son simples tragedias aisladas, sino un fenómeno estructural, con impacto devastador sobre la salud pública, la economía y la cohesión social.
Llamarlo “pandemia” no es exagerar.
Por su alcance y recurrencia, cada año los accidentes de tránsito cobran miles de vidas y dejan decenas de miles de heridos. Su impacto económico y humano es devastador, familias destruidas, ciudadanos incapacitados y hospitales saturados. A ello se suman sus efectos acumulativos, como la pérdida de productividad, el aumento del gasto estatal y un trauma social permanente.
Todo esto demuestra que se trata de un problema que requiere una respuesta integral, basada en la prevención, la educación, la legislación, la infraestructura y el control, al igual que cualquier emergencia de salud pública.
Aunque el Estado ha destinado recursos, el problema supera los esfuerzos. En 2024 la infraestructura vial figuró entre las tres prioridades nacionales junto con vivienda y agua potable. En 2022 el MOPC manejó más de RD$ 20 mil millones para proyectos viales, y en 2025 el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un programa para mejorar la seguridad vial y la fiscalización del transporte.
El exceso de velocidad, el alcohol al conducir, la falta de educación vial, las condiciones precarias de las vías y el uso masivo de motocicletas sin regulación conforman el núcleo del problema.
Aunque el país cuenta con marcos normativos y estrategias, el Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2021-2030 busca reducir un 50 % las muertes y lesiones, y el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado en 2024, declaró la seguridad vial de alto interés nacional. Sin embargo, las estadísticas apenas muestran avances.
En 2020 las cifras bajaron por las restricciones de la pandemia de COVID-19, no por políticas sostenibles. Hoy, las muertes vuelven a subir. La brecha entre los planes y la ejecución efectiva sigue siendo el mayor obstáculo.
Para enfrentar de manera efectiva la crisis de seguridad vial, es imprescindible un enfoque integral que combine recursos, educación, infraestructura, control y cultura ciudadana. Se requiere un presupuesto claro y con seguimiento público, asignando partidas específicas para seguridad vial, no solo para la construcción de carreteras.
La educación vial desde la escuela debe formar generaciones conscientes del valor de la vida en las vías. Es vital contar con infraestructura y señalización seguras, iluminando, reparando y señalizando rutas críticas, con pasos peatonales y separación de flujos.
La fiscalización sin impunidad debe aplicarse mediante licencias por puntos, controles técnicos vehiculares, regulación de motocicletas y sanciones reales. Además, se debe garantizar una atención integral a las víctimas, que incluya primeros auxilios, rehabilitación y apoyo psicológico y económico a las familias afectadas.
Todo esto debe ir acompañado de transparencia y monitoreo, mediante un observatorio que publique datos actualizados por provincia y tipo de vehículo, y, sobre todo, de un profundo cambio cultural, entendiendo que los accidentes no son simples “cosas que pasan”, sino consecuencias de decisiones humanas y políticas que pueden y deben evitarse.
La “pandemia vial” no tiene vacuna, pero sí soluciones posibles. El Estado ha dado pasos con planes y pactos, pero falta convertirlos en resultados tangibles, menos muertes, menos lesiones, más respeto en las calles.
Cada vida salvada representa una victoria colectiva. Cada accidente evitado, un triunfo social. No podemos seguir aceptando que tres mil muertos al año sean parte del paisaje nacional. El desafío no es solo construir más carreteras, sino diseñar un país donde transitar no sea una sentencia de riesgo.
La seguridad vial debe asumirse como una política de Estado, no como un tema marginal. Solo así dejaremos de llorar miles de vidas truncadas por una tragedia que, aunque predecible, aún no hemos decidido frenar.
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