Washington.– Documentos judiciales revelaron que el Gobierno de Estados Unidos acordó entregar 4.76 millones de dólares a El Salvador como parte de un convenio para recibir a más de 200 migrantes deportados, la mayoría de nacionalidad venezolana.
La información salió a la luz en el marco de una demanda presentada por el grupo de derechos civiles Democracy Forward, que cuestiona la legalidad y las condiciones de este pacto suscrito entre las administraciones del expresidente Donald Trump y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele.
Según la correspondencia oficial del Departamento de Estado estadounidense, con fecha del 22 de marzo de 2025, los fondos serán destinados exclusivamente a apoyo penitenciario y logístico en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), prisión que ha sido objeto de denuncias internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El documento establece que el dinero no podrá ser utilizado para brindar asesoría legal a solicitantes de asilo, servicios de salud reproductiva ni apoyo a agencias internacionales como la UNRWA, que trabaja con refugiados palestinos.
La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, afirmó que el acuerdo “no incluyó medidas para garantizar la protección de los migrantes enviados a El Salvador frente a abusos como tortura o confinamiento indefinido”, pero sí impuso restricciones en el uso de los fondos en programas de asistencia humanitaria.
El pacto permitió que en marzo pasado Estados Unidos deportara a más de 200 migrantes venezolanos hacia El Salvador bajo la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que una orden judicial había prohibido estas acciones. Entre los afectados se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado erróneamente y cuyo caso se convirtió en un símbolo de resistencia contra las políticas migratorias del expresidente Trump.
Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el 3 de septiembre que dicha legislación no puede ser utilizada para acelerar deportaciones, lo que abre el camino a un eventual fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre la aplicación de esta controvertida medida.
