Santo Domingo.– Diputados de partidos de oposición afirmaron el lunes que la República Dominicana debería ser declarada en estado de emergencia general, tras el decreto presidencial 517-25 que establece emergencia nacional para las compras y contrataciones del sector eléctrico con el fin de mitigar la crisis energética que afecta al país.
El legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Mayobanex Martínez, sostuvo que la actual situación es consecuencia de “mala planificación” en el área eléctrica, citando como ejemplo la falta de seguimiento y mantenimiento a la termoeléctrica Punta Catalina, lo que provocó la salida de operación de varias unidades.
“Estamos en emergencia en el sector eléctrico, en salud, en Senasa, en educación; en todos los sectores vitales de la vida nacional estamos en emergencia”, expresó Martínez.
En la misma línea, el diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, consideró que la medida del Gobierno refleja ausencia de planificación en el sector energético y en otras áreas. Señaló que las compras de emergencia responden a recursos destinados a cubrir gastos y no a inversiones que fortalezcan la generación eléctrica.
“El subsidio eléctrico cuando Luis Abinader asumió en 2020 era de 485 millones de dólares y hoy supera los 1,700 millones. Esto evidencia un fracaso en la política energética”, agregó Crespo.
Por su parte, el diputado Charlie Mariotti Jr. (PLD) calificó como insuficiente la disposición presidencial y advirtió que las compras de emergencia “no resolverán los problemas de fondo”. Indicó que más de 700 millones de dólares en préstamos han sido aprobados sin que se haya mejorado la calidad del servicio eléctrico.
En contraste, legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendieron la medida. La diputada Carmen de la Rosa, de La Altagracia, aseguró que la decisión es “favorable para la población” y que responde a un levantamiento previo de necesidades.
El diputado oficialista Tony Bengoa añadió que la acción es un acto de responsabilidad que demuestra el compromiso del presidente Abinader con enfrentar los desafíos nacionales.
De su lado, el director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que los procesos de excepción contemplados en el decreto están amparados por la ley y se aplican en situaciones que afectan el normal desenvolvimiento de la vida de los ciudadanos.
