Santo Domingo.– Juristas especializados en derecho administrativo pusieron en duda la legalidad de la transferencia de 6,000 millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) al Seguro Nacional de Salud (Senasa), autorizada mediante la Resolución 619-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
El abogado Olivo Rodríguez Huertas advirtió que la medida podría contradecir la Ley 397-19, que creó al Idoppril y definió un uso exclusivo de sus reservas técnicas para cubrir prestaciones de salud, económicas y gastos administrativos vinculados a la protección de los trabajadores.
“Cualquier disposición distinta necesitaría una modificación legal, porque la ley es clara en cuanto al destino de esos recursos”, explicó Rodríguez Huertas.
De su lado, el titular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, defendió la legalidad de la medida. “Hasta donde entiendo fue legal, así que no tengo más nada que agregar”, expresó el funcionario, apoyándose en el artículo 20 de la ley que faculta al Consejo Directivo del Idoppril a establecer la distribución de los fondos conforme a los reglamentos del CNSS.
No obstante, el abogado administrativo Rafael Dickson consideró que incluir a Senasa como receptor de estas partidas “entra dentro de una dudosa legitimidad”, al señalar que la ley no contempla una relación directa entre el Idoppril y la aseguradora estatal.
El jurista también recordó que esta decisión se toma en un momento en que Senasa enfrenta cuestionamientos públicos por presunto mal manejo de recursos, lo que —a su juicio— debilita aún más la confianza en el uso de estos fondos.
De acuerdo con la resolución, además de los recursos asignados a Senasa, se transfirieron 6 mil millones de pesos a la Cuenta del Cuidado de Salud del Régimen Contributivo y 1,500 millones de pesos para subsidiar prestaciones por enfermedad común, maternidad y lactancia.
En total, la medida restó 12,500 millones de pesos a las reservas técnicas del Idoppril, las cuales, según el documento, se proyectan en 55,435 millones de pesos para diciembre de 2025, garantizando que “no se compromete la estabilidad financiera del ramo”.
Rodríguez Huertas planteó que la legitimidad de este tipo de movimientos financieros solo podría alcanzarse si se aprueba mediante la Ley General de Presupuesto del próximo año o en un Presupuesto Reformulado durante el 2025.
