SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó el martes, en segunda discusión, el proyecto de Ley Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, una normativa que llevaba más de dos décadas en carpeta y que ahora establece sanciones penales para quienes se nieguen a comparecer ante comisiones legislativas.
Entre los puntos más controversiales del proyecto, se contempla que cualquier persona, física o jurídica, que sea citada legalmente por una Comisión Especial de Investigación del Congreso y no se presente sin una justificación válida, podrá enfrentar penas de entre 15 días y un año de prisión, así como multas de hasta dos salarios mínimos del sector público, por incurrir en la figura penal de desacato.
Según el artículo 43 de la ley, las citas deberán entregarse mediante alguacil, mientras que el artículo 46 permite a los convocados presentarse con un abogado o asistente, siempre que notifiquen con antelación a la comisión legislativa correspondiente.
En caso de que durante las comparecencias surjan indicios de responsabilidad penal, la Comisión Especial tendrá la obligación de informar al presidente de la cámara respectiva, quien deberá remitir el expediente al Ministerio Público.
Esta iniciativa busca reforzar el control político del Congreso sobre los demás poderes del Estado, así como garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y cualquier otra persona vinculada a procesos de interés nacional.
El proyecto será ahora enviado al Poder Ejecutivo, quien decidirá si lo promulga como ley. La sesión en que fue aprobada esta controversial pieza legislativa se extendió por más de cinco horas en el Senado.
