Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader emitió el decreto 396-25 que pone en vigencia el reglamento de aplicación de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, una normativa clave para el desarrollo planificado de las ciudades y municipios del país.
El reglamento fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y aprobado tras un proceso de vistas públicas, debates interinstitucionales y socialización con actores municipales, empresariales y de la sociedad civil, bajo la coordinación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
El consultor jurídico Antoliano Peralta Romero informó que el decreto fue dado a conocer la noche del lunes y representa un paso firme hacia una planificación urbana más moderna, eficiente y sostenible.
¿Qué establece el reglamento?
Uno de los principales puntos que introduce esta normativa es la obligatoriedad para los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial, permitiendo así una gestión más responsable del uso de suelo en cada municipio del país.
Además, los proyectos de infraestructura deberán ser compatibles con la vocación del terreno, y necesitarán autorización previa de las oficinas municipales de planeamiento urbano.
En el caso de zonas con potencial turístico, el reglamento exige no solo el permiso del gobierno local, sino también una certificación de no objeción del Ministerio de Turismo, garantizando que los nuevos desarrollos respeten el entorno y las normas de planificación nacional.
Certificación y fiscalización
El Ministerio de Hacienda y Economía será la entidad responsable de certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos legales para gestionar su propio ordenamiento territorial, conforme al artículo 24 de la Ley 368-22.
Desarrollo equilibrado y mejor calidad de vida
La normativa y su reglamento son parte de una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Abinader para promover un desarrollo más equitativo, planificado y sostenible en todo el territorio nacional, de la mano de las comunidades.
“Este es un paso histórico para organizar nuestras ciudades, proteger nuestros recursos y garantizar que el crecimiento se traduzca en calidad de vida para la gente”, expresó una fuente del Palacio Nacional consultada por Noticias SIN.
Con esta iniciativa, se espera que los municipios cuenten con herramientas legales para orientar su desarrollo urbano, prevenir desórdenes territoriales y avanzar hacia un país más ordenado y resiliente.
