SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público puso en ejecucion la Operación Lobo, un contundente operativo anticorrupción que desmanteló una estructura acusada de manipular contratos de seguridad privada a cambio de sobornos en varias instituciones estatales.
La acción fue encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Persecución, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, y se ejecutó de forma simultánea en el Distrito Nacional y Santiago.
Durante los allanamientos fueron arrestadas 15 personas, y se ocuparon documentos, dispositivos electrónicos y otras evidencias que vinculan a los implicados en prácticas ilícitas para favorecer empresas de seguridad en contratos públicos.
Entre las instituciones afectadas por esta red figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), así como las distribuidoras eléctricas EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
De acuerdo con el expediente preliminar, los implicados presuntamente distribuían sobornos a funcionarios y encargados de compras para obtener contratos millonarios, en violación a los procedimientos legales.
La investigación se originó tras una denuncia interpuesta por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige Milagros Ortiz Bosch, tras detectar irregularidades en varios procesos de licitación.
Un total de 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional participaron en la operación, que aún permanece abierta. El Ministerio Público no ha revelado los nombres de los detenidos, en espera del depósito de las solicitudes de medidas de coerción.
“El caso será llevado con el mismo rigor con que estamos enfrentando todas las redes de corrupción que afectan los recursos públicos”, señalaron las autoridades.
