SANTO DOMINGO.– De aprobarse el proyecto de Código Penal en discusión en el Congreso Nacional, los funcionarios públicos condenados por corrupción serían inhabilitados para ocupar cargos en el Estado, aunque con posibilidad de retornar una vez cumplida su sanción.
El proyecto incluye definiciones más amplias y penas más severas para castigar los actos de corrupción administrativa, contrastando con el actual código, considerado obsoleto y disperso, con artículos que datan incluso del siglo pasado.
En su artículo 294, el nuevo texto penal establece que cualquier funcionario o servidor público que, valiéndose de su cargo, obtenga beneficios económicos o utilice indebidamente bienes del Estado, incurrirá en corrupción. También se sancionará a quienes ofrezcan o prometan ventajas ilícitas en el ejercicio de sus funciones.
Uno de los cambios más notorios es la escalonación de las penas según el monto del fraude:
Si el monto no supera los 20 salarios mínimos, se impondrán de 2 a 5 años de prisión menor, además de multas, decomiso y inhabilitación de 4 a 20 años.
Si el fraude es entre 20 y 1,000 salarios mínimos, la condena será de 4 a 10 años de prisión mayor, con multas de hasta 10 veces lo sustraído.
En casos que superen los 1,000 salarios mínimos, el castigo será de 10 a 20 años de prisión mayor, con multas de hasta 20 veces el monto robado, y hasta 30 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Sin embargo, aunque la sanción de inhabilitación es severa, no es permanente, lo que significa que tras cumplir su pena y la sanción adicional, el exfuncionario podría regresar a funciones públicas si la ley no se lo prohíbe de forma expresa.
A diferencia del código actual, que trata delitos como desfalco, soborno o prevaricación como hechos aislados, el nuevo texto busca tratar la corrupción como un delito transversal a toda la administración pública. Esto permitiría procesar a los acusados bajo un solo cuerpo legal, cerrando brechas que por años han dificultado condenas ejemplares.
Especialistas han señalado que este enfoque unificado facilitaría el trabajo del Ministerio Público y los tribunales, que actualmente deben apoyarse en más de 20 artículos dispersos entre leyes y reformas para perseguir un caso.
La propuesta se encuentra aún bajo estudio, y su aprobación dependerá del consenso entre las cámaras legislativas en medio de una sociedad que exige mayor contundencia frente a los actos de corrupción.
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