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Santo Domingo.– Con el voto mayoritario de los legisladores, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que endurece las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta 40 años de prisión en casos agravados.
La pieza legislativa modifica la Ley 137-03, y forma parte del paquete de políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo, en el marco del reforzamiento de la seguridad fronteriza y el combate a las redes delictivas que operan con tráfico humano.
Según el proyecto aprobado en segunda lectura, la trata de personas será castigada con penas de entre 20 y 25 años de cárcel, más multas de hasta 1,500 salarios mínimos del sector público. Los cómplices enfrentarán condenas de 15 a 20 años.
En el caso del tráfico ilícito de migrantes, se establece una pena base de 10 a 15 años de prisión, pero cuando se trate de casos agravados, como la muerte de víctimas, tortura, daños físicos o psicológicos permanentes, o participación de funcionarios o estructuras del crimen organizado, las penas podrán elevarse hasta 40 años.
Funcionario que se involucre, funcionario que queda fuera
Uno de los puntos más llamativos de la nueva ley es que cualquier funcionario público que se involucre directa o indirectamente en estas redes será castigado con las mismas penas y, además, inhabilitado por 10 años para ejercer funciones públicas.
Castigos más severos según la gravedad del delito.
30 a 40 años de cárcel si ocurre la muerte de una víctima.
25 a 30 años en casos de tortura, barbarie o daños físicos graves.
20 a 25 años si se usan documentos falsos, empresas o aerolíneas para facilitar el delito, o si hay reincidencia.
Con su aprobación finalizada en ambas cámaras, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación oficial.
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