Por Ahora Noticias RD
Washington, D.C.– El presidente Joe Biden anunció la conmutación de las penas de 37 reclusos federales en el corredor de la muerte, transformando sus sentencias en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La decisión se da semanas antes de que Donald Trump, conocido defensor de la pena capital, asuma nuevamente el cargo presidencial.
La medida excluye a tres condenados emblemáticos, cuyas ejecuciones están relacionadas con crímenes de odio y terrorismo: Dylann Roof, autor de la masacre racista en una iglesia de Charleston; Dzhokhar Tsarnaev, responsable del atentado del Maratón de Boston; y Robert Bowers, quien perpetró el ataque antisemita más letal en la historia de Estados Unidos, en la Sinagoga Tree of Life de Pittsburgh.
“He dedicado mi carrera a reducir el crimen violento y asegurar un sistema de justicia justo y efectivo”, afirmó Biden en un comunicado. También subrayó que estas conmutaciones son coherentes con la moratoria que su administración impuso sobre las ejecuciones federales, exceptuando casos de terrorismo y crímenes de odio.
Una Promesa Reformista y un Golpe Político
El presidente recordó su compromiso de abolir la pena de muerte federal, una promesa destacada durante su campaña de 2020. Aunque esta postura no apareció en su plataforma de reelección, Biden enfatizó que su experiencia como abogado y líder político lo ha convencido de la necesidad de eliminar esta práctica.
“No se equivoquen: condeno a estos asesinos y lamento profundamente las pérdidas sufridas por las familias de las víctimas. Sin embargo, estoy convencido de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal”, declaró el mandatario.
Biden aprovechó para lanzar críticas a Trump, quien durante su primer mandato supervisó 13 ejecuciones federales, el mayor número en la historia moderna de EE.UU. Trump ha prometido endurecer aún más las políticas de pena de muerte, especialmente contra traficantes de drogas.
La decisión de Biden marca un contraste significativo con las políticas de su predecesor, quien reactivó las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años. Estas acciones, llevadas a cabo incluso durante la transición presidencial de 2020, generaron controversia y cuestionamientos sobre su urgencia.
