Tomado del Periodico Panorama
La ciberdelincuencia no tiene límites, el engaño, las trampas y la suplantación de identidades, constituyen elementos difíciles de detectar, pero en República Dominicana, a raíz de la promulgación de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, se inició la etapa que marca la diferencia en la persecución y sometimiento de este tipo de crímenes y delitos.
Esta legislación marca un antes y un después en la investigación policial de esta nueva tipología delictual y criminal. A partir de su promulgación, el 23 de abril de 2007, se inicia un largo recorrido que ha devenido en muy buenos resultados hasta el momento, pero cada día son más novedosas y atrevidas las formas y maneras para llevar a cabo el arte del engaño.
Es un camino de doble vía, ya que las estafas, fraudes o como quiera llamárseles, forman parte de un entramado en el que tanto los que ofrecen un servicio o quienes lo adquieren corren el riesgo de quedar como “perico en la estaca”, engañados y decepcionados.
Aunque difícil de detectar el delito y crimen de alta tecnología, se han dado pasos firmes para su control, aunque la inventiva de los delincuentes no tiene límites para poner y extender la trampa.
Las estadísticas reales escasean, por los impedimentos burocráticos que impiden el acceso real, efectivo y a tiempo, de datos que deberían ser de dominio público. Lo cierto es que se necesita aunar mayores esfuerzos para el combate y lucha contra este tipo de conducta delictual y criminal.
Surgen nuevas formas de criminalidad
Según el informe del Centro Nacional de Ciberseguridad 2023, “los ciberataques pueden tener un impacto significativo en la economía de un país. Pueden causar pérdidas económicas, daños a la reputación y la interrupción de las operaciones”.
Más de 100 millones de dólares en pérdidas en los últimos años ha sido el resultado de estas acciones delictivas, siempre de acuerdo al informe mencionado, por lo que es necesario reforzar todos los flancos posibles para evitar este tipo de situaciones.
Para aclarar un poco más la situación de la realidad que vive el país y la indefensión ante los ataques de cibernautas, tenemos que de 2019 al 2023, los delitos cometidos vía páginas web, entre los que se engloban difamación y/o amenaza, extorsión y estafa ofrecen un total general de 2,134, lo que revela un aumento significativo.
Los datos, suministrados por la Dirección de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), de la Policía Nacional, muestran cómo ha escalado el delito en la Internet en República Dominicana.
La cantidad de casos resueltos, durante el mismo período y en las tres formas delictuales señaladas, promedian un total de 471 casos resueltos en el quinquenio 2019-2023, lo que evidencia la necesidad de ajustar y reformular las leyes existentes respecto a este tema.
Para la Policía Internacional (INTERPOL), la preocupación aumenta cada día, debido al acceso indiscriminado y la proliferación de las redes sociales, y, al respecto señala: “Hoy en día, el mundo está más conectado digitalmente que nunca. Los delincuentes se están aprovechando de esta transformación en línea para atacar, a través de sus puntos débiles, las redes, infraestructuras y sistemas informáticos”.
Plataformas ideales para los delitos de alta tecnología
Facebook, Market Place y WhatsApp, son algunas de las plataformas que han servido, quizá por la falta de estructuras legales internacionales, para la comisión de estafas y fraudes en ventas por Internet.
Ofrecen un producto, a precios muy asequibles, cuando se requiere la información precisa, son tan aéreos como las informaciones que ofrecen las entidades inscritas y adscritas al Portal Único de Libre Acceso a la Información Pública, hasta que el cliente decide adquirir el producto, que no siempre es tal como lo muestran. Y comienza la estafa.
Muchos piden el pago por adelantado, otras, pago en el lugar de recepción, pero hay que pagar el coste del envío. Las dificultades surgen y aumentan, pero algo hay que decir a favor del organismo encargado de esta persecución. No siempre se hace la denuncia o el hartazgo por lograr la atención de las autoridades provoca la interrupción del proceso.
Es preciso crear campañas de concienciación a la ciudadanía común y corriente, que es la más propensa a ser víctima de estos fraudes, estafas, extorsión y otros delitos, a fin de aumentar la seguridad en este sentido.
Un trabajo coordinado entre instituciones, empresas, usuarios, es una necesidad perentoria en estos momentos, en que nadie sabe de dónde proviene el mal. La internacionalización del crimen y el delito no permiten más tiempo de espera.
Datos, cifras, números, dan cuenta del avance impetuoso de la ciberdelincuencia, ya sea como phishing, malware, hackers, compra y venta de artículos vía internet. Los delincuentes van un paso hacia adelante. Como dijera el entonces director y fundador del DICAT, Licurgo Yunes –Lico—en 2016, “urge una reforma y reestructuración de la legislación actual para adecuarla a los cambios que se producen a nivel mundial.
El informe del Centro Nacional de Ciberseguridad 2023, ofrece una perspectiva de cómo actúa e incide el ciberdelito en el país, al indicar que el pasado año se registraron más de 4,700 millones de intentos de ciberataques en el país. De estos, más de 1.000 fueron exitosos, lo que provocó daños económicos por valor de más de 100 millones de dólares.
Entonces, si se está realizando el trabajo, ¿por qué se niega la información? Parecería que la concha de la ostra se ha cerrado y la perla oculta es la desinformación.
En el caso de este trabajo, fue un juego de baloncesto al mejor estilo.
Se hace el primer intento, enviando lo requerido a Pro-Consumidor, entidad que se supone debe velar por los derechos de los consumidores en lo que concierne a las compras por internet.
Pro-Consumidor lanza la pelota al Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, el que, después de unos rebotes de tiempo, la lanza a la Policía Nacional, entidad que el miércoles 26 de junio envió a esta redactora, vía WhatsApp, una tabla con estadísticas sobre la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología desde 2019 a 2023. Es un juego entre los Bulls de Chicago y Celtics de Boston o el duelo entre Michael Jordan y Larry Bird.
En el ínterin, las preguntas esperan respuestas, que hay que conseguir y buscar a como dé lugar, por eso se acude a vías reconocidas como la Interpol, el Centro Nacional de Ciberseguridad y otros organismos que tratan el ciberdelito, crimen de alta tecnología o como quiera llamársele, mientras se espera la respuesta final a la interrogante principal de este trabajo.
El problema real es que los protocolos oficiales de libre acceso a la información pública, son infuncionales, inoperantes e ineficientes –léase burocracia pura y simple– impiden el acceso a una información útil, apropiada y a tiempo. Entonces, ¿cuál es el motivo de su existencia?
El trabajo se está llevando a cabo de manera eficiente, tanto de parte de la DICAT como de la Procuraduría Especializada en Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC), en tanto se niegan los datos, la comisión de delitos y crímenes cibernéticos continúan su expansión. Ofrezcan la información.