Santo Domingo.– La Cámara de Diputados aprobó el martes, en primera lectura, el controversial proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles, el cual había quedado perimido tras no ser conocido a tiempo en el Senado durante la pasada legislatura.
La pieza legislativa, de autoría del presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, fue reintroducida en el marco de la actual legislatura extraordinaria convocada por el presidente Luis Abinader, la cual prioriza también otras reformas como el nuevo Código Penal.
Según lo establecido en la Constitución, cuando una iniciativa no completa el trámite en ambas cámaras durante un año legislativo, debe empezar desde cero. Eso ocurrió con este proyecto, originalmente sometido en agosto del 2024.
Tras su aprobación inicial, el proyecto fue remitido a comisión para revisar observaciones formuladas por algunos legisladores, especialmente senadores que expresaron inquietudes sobre ciertos artículos. Se espera que este miércoles sea aprobado en segunda lectura, si se logra el consenso necesario.
Una vez aprobado por los diputados, la iniciativa será enviada nuevamente al Senado, donde deberá agotar el mismo proceso de doble lectura antes de pasar al Poder Ejecutivo.
La nueva versión del proyecto trae consigo importantes modificaciones, entre ellas:
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Artículo 8: Limita el reajuste de la renta a un 10 % para viviendas, siempre bajo acuerdo entre las partes.
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Artículo 10: El incumplimiento de pago será causa válida para terminar el contrato.
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Artículo 11: En caso de fallecimiento del inquilino, el contrato puede ser asumido por la pareja o hijos.
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Artículo 12: El abandono de una vivienda deberá ser certificado por un notario y autorizado por un juez.
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Artículo 13: Se permitirán hasta tres depósitos en alquileres residenciales; para locales comerciales, el monto será pactado entre las partes.
¿Qué busca esta ley?
La propuesta busca modernizar y regular de forma clara las relaciones entre propietarios e inquilinos, garantizando derechos y deberes, tanto para quienes alquilan como para quienes viven en régimen de arrendamiento.
El tema ha generado amplio debate en la sociedad civil, donde muchos consideran urgente una legislación que proteja a las partes y ponga fin a los abusos comunes en contratos informales de alquiler.
