
Santo Domingo.– La Cámara de Diputados convirtió en ley este martes el proyecto que fusiona los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), dando paso al nuevo Ministerio de Hacienda y Economía, tras dos meses de estudio y discusión en el Congreso Nacional.
La pieza, impulsada por el Poder Ejecutivo como parte del plan de reforma y modernización del Estado, fue aprobada en dos lecturas consecutivas con 97 votos favorables del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, mientras que los bloques opositores se abstuvieron de votar.
La aprobación definitiva se dio horas después de que el presidente Luis Abinader anunciara la designación de Magín Díaz como nuevo ministro de la entidad fusionada, quien dirigirá este superministerio encargado de las finanzas públicas y la planificación nacional.
Según el proyecto, la unión de estas carteras busca garantizar una mayor articulación entre la política fiscal, el presupuesto estatal, la inversión pública y la administración financiera del Gobierno.
Nueva estructura y atribuciones
Con esta fusión, el nuevo ministerio asume funciones clave como: Dirección de la política fiscal, Preparación del presupuesto nacional, Estudios económicos y planificación, Propuestas de legislación tributaria, Participación en política salarial, Administración del gasto y los ingresos públicos, Además, se crean seis viceministerios especializados en: Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Crédito Público, Política Fiscal, Planificación e Inversión Pública Economía.
El Ministerio de Hacienda y Economía también tendrá bajo su dependencia entidades como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA), la Superintendencia de Seguros y el Instituto Nacional de Bienes Incautados (Incabide).
Con la desaparición del Mepyd, las funciones de ordenamiento territorial, cooperación internacional y control de ONGs pasarán al Ministerio de la Presidencia, dirigido por José Ignacio Paliza.
El presidente Abinader justificó la medida como un paso clave para “evitar duplicidades, reducir la burocracia y hacer más ágil la gestión pública”.
La ley será enviada al Poder Ejecutivo, que ahora deberá decidir si la promulga u observa.
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