SANTO DOMINGO.– El Senado de la República aprobó ayer martes, a unanimidad y en segunda lectura, una modificación a la Ley 137-07 sobre Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas, estableciendo penas de hasta 40 años de cárcel para quienes incurran en esta práctica, especialmente en casos donde ocurran muertes.
La iniciativa, que ahora pasa a la Cámara de Diputados, fue sometida por el Poder Ejecutivo y recibió el respaldo de los 28 senadores presentes. La pieza fue reenviada a comisión en la pasada sesión para acoger sugerencias del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien propuso endurecer las sanciones contra funcionarios públicos que participen en este delito.
De acuerdo con el nuevo texto aprobado, las sanciones se elevarán de 15 a 25 años de prisión, con multas que oscilarán entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público. En los casos donde muera una víctima, la condena será de 30 años de prisión y si fallecen dos o más personas, la pena será de 40 años de reclusión, con multas de hasta 6,000 salarios mínimos.
Uno de los aspectos más relevantes de la modificación es el trato especial a funcionarios o servidores públicos involucrados en estos delitos, quienes enfrentarán, además de la pena penal, inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos, y en casos de reincidencia, hasta 20 años de suspensión de la nómina del Estado.
La pieza legislativa también reformo los artículos 2, 5, 6 y 7 de la actual ley, destacando que las sanciones no están dirigidas a los migrantes, sino a quienes los trafican, sobre todo si son autoridades que violan su juramento de servicio al Estado.
En la carta remitida al Congreso, el presidente Luis Abinader manifestó que con esta reforma “no solo se fortalece el marco legal para el enjuiciamiento del delito de tráfico ilícito de migrantes, sino que también se refuerza el compromiso del Estado dominicano para disminuir al máximo la práctica de esta actividad ilícita”.
Este proyecto es parte de una estrategia integral para combatir el tráfico de personas en la frontera dominico-haitiana, en medio de una creciente preocupación por la seguridad y la presión migratoria. Se espera que la Cámara de Diputados conozca la propuesta en los próximos días y le dé un tratamiento similar de urgencia.
