Por. Ramón Mercedes Aquino
Para Ahora Noticias RD
El derecho al olvido se ha convertido en un tema de creciente importancia en la era digital, donde la información personal puede permanecer en línea indefinidamente. Este concepto legal permite a los ciudadanos solicitar la eliminación de datos que ya no son relevantes o que pueden perjudicar su reputación. A medida que el uso de internet y las redes sociales se expande, el derecho al olvido cobra mayor relevancia, especialmente en América Latina y, en particular, en Perú.
En Perú, explica en un seminario internacional auspiciado por el Colegio de Abogados de la Republica Dominicana la Dra. María Guzmán Cobeñas, del Instituto Nacional y Tecnologías del Perú, aunque el derecho al olvido no está formalmente reconocido en la legislación actual, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) establece ciertos derechos relacionados con la protección de la información personal. Aunque esta ley no menciona explícitamente el derecho al olvido, algunos tribunales han comenzado a considerar solicitudes para eliminar datos personales de motores de búsqueda y sitios web. Esta tendencia sugiere un reconocimiento gradual de la necesidad de proteger la privacidad individual en un mundo digital. Y que después de haber cumplido con sentencias condenatorias las personas no deben seguir pagando con sentencias morales causándoles daños y perjuicios que pueden perseguir ante los tribunales.
El contexto regional en América Latina muestra una diversidad en el reconocimiento del derecho al olvido. Por ejemplo, en Argentina, la Corte Suprema ha reconocido implícitamente este derecho en ciertas decisiones judiciales, permitiendo que los ciudadanos soliciten la eliminación de información que afecte su dignidad. Este enfoque ha sentado un precedente importante para el desarrollo del derecho al olvido en la región y resalta la necesidad de una legislación más robusta.
En contraste, Chile se encuentra en una etapa de debate sobre este derecho. Aunque no existe una legislación específica que lo regule, hay propuestas para implementar reformas que fortalezcan la protección de datos personales. Brasil presenta un marco legal más claro gracias a su Ley General de Protección de Datos (LGPD), que incluye aspectos del derecho al olvido y otorga a los ciudadanos derechos sobre sus datos personales.
En la República Dominicana, este derecho ha encontrado un contexto particular en relación con el sistema crediticio y los antecedentes penales.
1. Derecho al Olvido en el Sistema Crediticio**: Según la Ley No. 172-13 sobre el Sistema de Información Crediticia o protección integral de los datos, los ciudadanos tienen un límite de tiempo durante el cual pueden ser reportados en las centrales de riesgo, como el buró de crédito. Generalmente, esta información se debe eliminar después de un período específico, que suele ser de cinco años desde la fecha de la última actividad crediticia. Esto significa que, tras cumplir con sus obligaciones financieras y haber transcurrido este plazo, los ciudadanos deberían estar en condiciones de recuperar su reputación crediticia.
2. Antecedentes Penales: En cuanto a los registros penales, la Ley No. 76-02 sobre el código procesal penal y la ley 155-17 sobre la prevención y represión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo establecen que una vez que una persona ha cumplido su pena, no debería haber registros públicos que afecten su vida personal o profesional. Sin embargo, los antecedentes penales pueden seguir apareciendo en registros electrónicos y plataformas de búsqueda en línea, lo que puede resultar en un estigma social y moral para los individuos.
3. Retos del Derecho al Olvido: A pesar de las leyes existentes, la implementación del derecho al olvido enfrenta desafíos significativos. Las bases de datos en línea y motores de búsqueda como Google pueden retener información que no se elimina automáticamente tras el cumplimiento de las penas o la expiración de los plazos establecidos por la ley. Esto puede llevar a situaciones donde los ciudadanos continúan siendo objeto de juicios morales y sociales basados en información obsoleta o irrelevante.
Para reclamar el derecho al olvido, existen ciertos requisitos comunes que suelen ser necesarios. Primero, el solicitante debe demostrar que la información es irrelevante o inexacta. En segundo lugar, es esencial establecer una afectación clara a su reputación o dignidad como resultado de la publicación de dicha información. Estos elementos son fundamentales para fundamentar una solicitud efectiva ante las plataformas correspondientes.
El procedimiento para realizar una solicitud del derecho al olvido implica seguir pasos claros: identificar la información específica que se desea eliminar, presentar una solicitud formal ante el motor de búsqueda o plataforma correspondiente y proporcionar documentación que respalde dicha solicitud. Es recomendable mantener un registro detallado de todas las comunicaciones relacionadas con el proceso para asegurar transparencia y efectividad.
Sin embargo, la implementación del derecho al olvido plantea importantes consideraciones legales y éticas. Por un lado, protege los derechos individuales a la privacidad y a la reputación; por otro lado, puede entrar en conflicto con el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Por lo tanto, es fundamental encontrar un equilibrio adecuado entre estos derechos en cualquier legislación futura.
En conclusión, el derecho al olvido representa un avance significativo hacia la protección de los derechos individuales en un mundo digital cada vez más complejo. A medida que las legislaciones evolucionan en América Latina y Perú, es crucial que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y los procedimientos necesarios para ejercerlos. Consultar con expertos legales puede ser invaluable para navegar por este proceso y asegurar una adecuada protección de los datos personales.
