WASHINGTON, D.C.– Estados Unidos y Colombia parecen haber encontrado un punto de entendimiento tras la reciente crisis diplomática desencadenada por la negativa inicial del gobierno colombiano a aceptar vuelos de repatriación de ciudadanos deportados desde territorio estadounidense.
La Casa Blanca informó ayer domingo que el gobierno colombiano ha aceptado “todos los términos” impuestos por el presidente Donald Trump, incluido el compromiso de recibir sin restricciones ni retrasos a ciudadanos colombianos deportados en vuelos, incluso en aviones militares.
El acuerdo pone en pausa la imposición de aranceles del 25 % sobre los productos colombianos anunciada por Trump, que amenazaban con subir al 50 % en una semana. Asimismo, se suspenderán otras medidas como la revocación de visas a altos funcionarios colombianos y sus familias, y los controles reforzados en aduanas para ciudadanos y mercancías provenientes de Colombia.
“Esta administración seguirá protegiendo con firmeza la soberanía de nuestra nación y espera la cooperación total de otras naciones en temas migratorios”, expresó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.
El conflicto se originó tras la decisión del presidente colombiano, Gustavo Petro, de rechazar inicialmente dos vuelos de deportación previamente autorizados. La reacción de Trump incluyó la amenaza de sanciones fiscales, bancarias y financieras, así como la suspensión de visados en la embajada estadounidense en Bogotá.
En respuesta, Petro anunció medidas similares, imponiendo aranceles del 25 % a productos estadounidenses. Sin embargo, el anuncio del acuerdo ha calmado temporalmente las tensiones, aunque ambas partes se mantienen cautelosas.
Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, recibe exportaciones clave como petróleo, oro, café y flores, mientras que Colombia depende de importaciones de productos como maíz y bienes agrícolas estadounidenses. El compromiso alcanzado busca evitar un impacto negativo en esta relación comercial estratégica.
La Casa Blanca confirmó que continuará utilizando aviones militares para las deportaciones y reiteró que estará atenta a cualquier incumplimiento por parte del gobierno colombiano. Las medidas implementadas, advierten, podrían reactivarse en caso de discrepancias futuras.
