Por: Ramón Mercedes Aquino
En la República Dominicana, el respeto a los derechos humanos y el debido proceso son normativas legales fundamentales del estado de derecho. Sin embargo, existen situaciones en las que autoridades como fiscales y miembros de la Policía Nacional pueden incurrir en prácticas ilegales, como los encierros arbitrarios. Estas acciones no solo comprometen la integridad de los individuos afectados, sino que también constituyen violaciones a diversas disposiciones legales que protegen los derechos fundamentales de las personas.
Los encierros ilegales pueden clasificarse dentro de varios tipos penales, siendo la privación de libertad un delito grave. Según el Código Penal Dominicano, la detención arbitraria se tipifica como un delito que puede acarrear sanciones tanto para quienes ejecutan la acción como para aquellos que la ordenan. Es esencial que cualquier detención se realice bajo el marco legal correspondiente, con el debido respeto a las garantías procesales establecidas en la Constitución y en tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La figura del abuso de autoridad es otra infracción que frecuentemente acompaña a los encierros ilegales. Cuando un fiscal o un agente policial utiliza su poder para privar a una persona de su libertad sin justificación legal, se está cometiendo un abuso que puede tener consecuencias penales. La ley establece claramente que cualquier forma de detención debe basarse en pruebas concretas y seguir procedimientos establecidos, lo que protege tanto a los ciudadanos como a las instituciones del Estado.
Además, es importante considerar el impacto psicológico y social que estos encierros ilegales generan en las víctimas. Las personas detenidas injustamente sufren no solo una violación a sus derechos, sino también el estigma social asociado a una detención penal. La falta de confianza en el sistema judicial puede llevar a un debilitamiento del estado de derecho y a una creciente desconfianza hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Ante esta problemática, es necesario que existan mecanismos efectivos de supervisión y control sobre las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional. La implementación de auditorías independientes y la capacitación constante sobre derechos humanos para los funcionarios públicos son medidas necesarias para prevenir abusos. Asimismo, es necesario que las víctimas tengan acceso a recursos legales efectivos para impugnar cualquier acción ilegal realizada por las autoridades.
En conclusión, los encierros ilegales perpetrados por fiscales y policías en la República Dominicana son una violación grave de derechos humanos y del ordenamiento jurídico. Es imperativo fortalecer las instituciones encargadas de salvaguardar estos derechos y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la defensa sin temor a represalias o abusos por parte del Estado. La protección de los derechos fundamentales debe ser una prioridad innegociable para avanzar hacia un sistema judicial más justo y equitativo.
