Por: Ramón Mercedes Aquino
En una alarmante manifestación de la tensión entre el ejercicio del derecho a la defensa y las acciones del sistema judicial, la reciente detención de los abogados Yoni Carpio y Edwar Morel ha suscitado preocupación en el ámbito legal de la República Dominicana. Acusados de obstruir una investigación penal por ejercer su labor profesional, estos letrados fueron detenidos por la fiscal Esther Sánchez de la fiscalía barrial de Capotillo, en fecha 8 de enero del 2025. Este incidente pone en tela de juicio la protección que deben recibir los abogados al desempeñar su función esencial en el sistema judicial.
La detención de Carpio y Morel resalta un fenómeno preocupante: el riesgo que enfrentan los abogados al ejercer su derecho a defender a sus clientes. El derecho a una defensa adecuada está consagrado en diversas normativas internacionales y nacionales. En el ámbito internacional, la **Declaración Universal de Derechos Humanos** (Artículo 11) establece que toda persona tiene derecho a ser presumida inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Asimismo, el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos** (Artículo 14) garantiza el derecho de toda persona a ser asistida por un abogado. Estas convenciones son muy importantes para asegurar que se respete el debido proceso.
Sin embargo, cuando los profesionales del derecho son objeto de represalias por cumplir con esta función, se socava la esencia misma del estado de derecho. En el contexto nacional, la **Constitución Dominicana** (Artículo 69) también establece el derecho al debido proceso y a la defensa técnica, lo que implica que los abogados deben poder actuar sin temor a represalias por sus acciones en representación de sus clientes.
El impacto de estas detenciones no solo afecta a los abogados involucrados, sino que también crea un ambiente de miedo e incertidumbre para otros letrados que podrían dudar en defender a sus clientes si temen represalias similares. Tal clima puede llevar a una disminución en la calidad de la defensa legal y afectar el acceso a la justicia para aquellos que más lo necesitan. La confianza del público en el sistema judicial se ve amenazada cuando los defensores legales se sienten vulnerables.
Es vital que las instituciones del Estado garanticen un ambiente seguro y propicio para el ejercicio de la abogacía. Esto incluye el respeto por el principio de separación de poderes y la independencia del poder judicial. Las acciones del Ministerio Público deben estar alineadas con el respeto a los derechos humanos y las garantías procesales, evitando cualquier forma de abuso o intimidación hacia los abogados que buscan defender los derechos de sus clientes.
La solidaridad entre colegas es vital en momentos como este. La comunidad jurídica debe unirse para condenar estas detenciones y abogar por la protección de los derechos fundamentales tanto de los abogados como de sus clientes. Organizaciones profesionales, asociaciones de abogados y defensores de derechos humanos deben alzar su voz para exigir justicia y promover reformas que fortalezcan las garantías para el ejercicio profesional.
En conclusión, la detención de Yoni Carpio y Edwar Morel es un llamado urgente a salvaguardar el derecho a la defensa en República Dominicana. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a los abogados en el ejercicio de su labor, asegurando así que todos los ciudadanos tengan acceso a una defensa justa y efectiva. La integridad del sistema judicial depende, en gran medida, del respeto por aquellos que se dedican a garantizar que se haga justicia.
