Moca, Espaillat.– La muerte de Eduard Cruz, recluso del Centro de Rehabilitación La Isleta, tras una presunta sobredosis, ha desatado indignación entre sus familiares, activistas sociales y la comunidad. Los afectados exigen una investigación exhaustiva y justicia en un caso que pone nuevamente bajo escrutinio el sistema penitenciario del país.
Cruz falleció el 10 de enero mientras recibía atención médica en el Hospital de Moca. Según denuncias, su deceso estaría vinculado al consumo y tráfico de drogas dentro del recinto penitenciario, situación que ha generado un fuerte reclamo por parte de los ciudadanos.
Familiares piden justicia
“Quiero justicia y que esto no quede impune. Todo el que sea culpable debe enfrentar las consecuencias”, expresó Marco Cruz, padre del fallecido. Marino Cruz, tío de Eduard, agregó: “Es un muerto bajo custodia del Estado, y alguien tiene que pagar. Sea por drogas o negligencia, esto no puede quedar así”.
Juan “Guanchi” Comprés, líder del movimiento Los Peregrinos de Moca, también exigió respuestas inmediatas. “No aceptaremos que se limite a sancionar a unos pocos. Todos los responsables, desde los custodios hasta las autoridades que permitieron este desorden, deben rendir cuentas”, afirmó.
Comprés denunció la entrada de sustancias ilícitas al centro de rehabilitación y alertó sobre las condiciones inadecuadas de estos lugares, destinados a reintegrar a los internos a la sociedad. “Es inaceptable que estos espacios se hayan convertido en focos de consumo y tráfico de drogas”, manifestó.
El caso también está relacionado con un presunto incidente ocurrido el pasado 4 de enero, en el que se habría realizado un "concurso" dentro del penal para determinar quién consumía más drogas en el recinto. Tanto los familiares como los activistas demandan que las autoridades investiguen este hecho y tomen medidas para evitar que se repita.
Los dolientes velan los restos de Eduard Cruz en la funeraria municipal de Moca, mientras persisten en su clamor por justicia y en la necesidad de que el caso sirva como un punto de inflexión para mejorar la seguridad y el control en los centros penitenciarios del país.
