Por: Ramón Mercedes
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido una sentencia significativa, TC/0765/24, de fecha 6 del mes de Diciembre del año 2024, en la que se aborda la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por un ciudadano, en relación al artículo 24 de la Ley núm. 10-15. Esta ley modifica el Código Procesal Penal establecido por la Ley núm. 76-02. A continuación, se resumen los principales puntos de esta sentencia y su impacto en el ordenamiento jurídico dominicano.
1. Admisión de la Acción de Inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional ha decidido **admitir** la acción directa de inconstitucionalidad en cuanto a su forma, lo que significa que se han cumplido los requisitos procesales necesarios para que se examine el fondo del caso. Esta admisión es un paso crucial que permite al tribunal evaluar los argumentos presentados por el demandante.
2. Acogida de la Inconstitucionalidad
En el fondo, el Tribunal ha **acogido** la acción interpuesta, concluyendo que el artículo 24 de la Ley núm. 10-15 contraviene varios artículos fundamentales de la Constitución Dominicana, específicamente los artículos 76, 93.1 (literal b), 102 y 103. Además, se destaca que esta disposición vulnera principios democráticos esenciales, como la bicameralidad, la deliberación conjunta, la separación de poderes y la supremacía constitucional.
3. Declaración de Inconstitucionalidad por Conexidad
El Tribunal ha decidido **declarar** también la inconstitucionalidad de toda la Ley núm. 10-15 por conexidad. Esto implica que los vicios formales detectados en el procedimiento de aprobación afectan no solo al artículo impugnado sino a toda la ley debido a su unidad normativa y a su interdependencia con el artículo cuestionado.
4. Diferimiento de los Efectos y Exhortación al Congreso
Uno de los aspectos más destacados de esta sentencia es que el Tribunal ha **diferido** los efectos de su declaratoria de inconstitucionalidad. El Congreso Nacional ha sido **exhortado** a elaborar una nueva normativa dentro del plazo de un año que subsane las irregularidades encontradas en la Ley núm. 10-15. Si no se cumple con este requerimiento dentro del plazo establecido, dicha ley perderá automáticamente su vigencia y se restablecerá el régimen procesal penal anteriormente vigente bajo la Ley núm. 76-02.
Conclusión
La sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional Dominicano representa un importante pronunciamiento sobre los límites del poder legislativo y el respeto a los principios constitucionales fundamentales. La decisión no solo afecta a los procedimientos penales en el país, sino que también subraya la importancia del debido proceso legislativo y el papel del Tribunal como guardián de la Constitución. Es un recordatorio claro para todas las instituciones del Estado sobre la necesidad de adherirse a los principios democráticos y constitucionales en sus acciones legislativas y administrativas. Para comunicarse con el articulista: ramon1_mercedes@hotmail.com
