Por: Ramón Mercedes
Desde el día 29 de noviembre, la Asociación de Fiscales de la República Dominicana (FISCALDOM) ha convocado un espacio de trabajo de cuatro horas para exigir mejores salarios y otras reivindicaciones laborales. Esta acción, en su esencia, es un ejercicio legítimo del derecho de los trabajadores a organizarse y reclamar condiciones laborales justas. Sin embargo, es importante considerar las posibles violaciones a los derechos fundamentales que podrían surgir si las autoridades deciden restringir o penalizar esta actividad.
En primer lugar, el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva está protegido por la Constitución y por convenios internacionales ratificados por el país, como el Convenio 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical. La prohibición o limitación del ejercicio del derecho a protestar y a reclamar mejoras salariales puede ser vista como una violación a estos derechos fundamentales. Los fiscales, al ser parte del sistema judicial, tienen el deber no solo de velar por el cumplimiento de la ley, sino también de ser agentes activos en la defensa de sus derechos laborales.
Además, cualquier represalia o sanción contra los fiscales que participen en esta actividad podría constituir una violación al derecho al trabajo y a condiciones laborales equitativas. Esto no solo afecta a los fiscales individuales, sino que también envía un mensaje desalentador a otros trabajadores sobre las consecuencias de organizarse para mejorar sus condiciones laborales. Por ende, es esencial que las autoridades respeten el derecho a la protesta pacífica y consideren las demandas legítimas de los fiscales como parte del fortalecimiento del Estado de Derecho y la justicia social en el país.
La paralización del Ministerio Público, responsable de ejecutar la política anti crimen del Estado, no solo obstaculiza el acceso a la justicia, sino que también fomenta la impunidad. Esta situación pone en riesgo procesos legales que podrían extinguirse debido a esta huelga, dejando a los ciudadanos desprotegidos ante el crimen. La falta de acción por parte del Ministerio Público puede ser interpretada como una violación al derecho fundamental de los ciudadanos a obtener justicia y protección legal.
Asimismo, esta paralización afecta directamente el derecho a un juicio justo. Cuando las instituciones encargadas de llevar adelante los procesos penales se ven interrumpidas por acciones laborales, se compromete el debido proceso y se pueden generar atrasos significativos en la administración de justicia. Esto afecta no solo a las víctimas que buscan reparación, sino también a los acusados que tienen derecho a ser juzgados en tiempo y forma.
Adicionalmente, el derecho a la seguridad pública se ve comprometido cuando el Ministerio Público no puede cumplir con su función. La inacción ante delitos denunciados puede aumentar la sensación de inseguridad entre los ciudadanos y generar un clima propicio para la criminalidad. Este escenario pone en riesgo no solo bienes materiales, sino también vidas humanas.
Por otro lado, es importante destacar que las reivindicaciones planteadas por los fiscales son legítimas y deben ser atendidas con responsabilidad por parte del Estado. La falta de atención a las demandas laborales puede resultar en un deterioro aún mayor del sistema judicial, lo que repercute negativamente en el ejercicio pleno de los derechos humanos en general.
En conclusión, es esencial encontrar un equilibrio entre las reivindicaciones laborales legítimas de los fiscales y la obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. Cualquier acción que socave este equilibrio debe ser evitada para proteger tanto los derechos laborales como los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es vital que se establezcan canales efectivos para resolver estas tensiones sin comprometer el funcionamiento adecuado del sistema judicial ni el bienestar social. Comunicación con el articulista escribir al correo. ramon1_mercedes@hotmail.com
