Por: Ramón Mercedes
En el contexto actual de la administración pública dominicana, es fundamental evaluar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, especialmente en lo que respecta a los contratos de alquiler de inmuebles. Actualmente, el Estado Dominicano enfrenta gastos significativos en alquileres, como es el caso del edificio de Indotel, donde se paga 140,000 dólares mensuales durante un período de 24 años. Este contrato, suscrito en el año 2000, plantea interrogantes sobre su origen y la administración bajo la cual fue firmado.
La práctica del alquiler de inmuebles por parte del Estado no es nueva; se remonta a gestiones anteriores, particularmente durante el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, es imperativo realizar una revisión exhaustiva de estos contratos para determinar su viabilidad y conveniencia. En este sentido, se propone al presidente Luis Abinader considerar la declaración de utilidad pública para los edificios alquilados a particulares que actualmente constituyen un gasto recurrente y significativo para las arcas del Estado.
De acuerdo con el artículo 1 de la ley La Ley No. 107-13 de la República Dominicana regula los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, el Estado tiene la potestad de declarar bienes como de utilidad pública cuando su interés prevalezca sobre el interés privado. Esta declaración no solo permitiría al Estado recuperar propiedades que están generando costos innecesarios, sino que también facilitaría una mejor gestión de los recursos públicos. La utilización directa de estos inmuebles podría resultar en un ahorro considerable y en una optimización del espacio físico disponible para las instituciones gubernamentales.
Es importante mencionar que el Estado Dominicano es el propietario originario de todos los terrenos y propiedades dentro del territorio nacional. Esto significa que tiene la capacidad legal para regular y administrar estos bienes conforme a lo establecido por la ley. Por lo tanto, los inmuebles actualmente alquilados deben ser evaluados bajo criterios técnicos y económicos para determinar su valor real según tasaciones realizadas por el Estado y conforme a los valores declarados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Además, al declarar estos edificios como bienes de utilidad pública, se podrían establecer mecanismos que permitan su adquisición o expropiación sin necesidad de incurrir en gastos excesivos. Esto sería un paso hacia una mayor transparencia y eficiencia administrativa que beneficiaría a todos los ciudadanos dominicanos. Las leyes que regulan este proceso son claras y deben ser aplicadas con rigurosidad para garantizar que se respeten los derechos tanto del Estado como de los propietarios privados.
Finalmente, esta propuesta no solo es una cuestión económica; también representa un compromiso con una gestión pública más responsable y sostenible. Al reducir la carga financiera por alquileres innecesarios y optimizar el uso del patrimonio estatal, el gobierno estaría enviando un mensaje claro sobre su intención de trabajar en beneficio del pueblo dominicano. Así se abre una puerta hacia un futuro donde cada peso invertido por el Estado rinda frutos tangibles en términos de desarrollo y bienestar social.
En conclusión, instamos al presidente Luis Abinader a considerar esta propuesta como parte de una estrategia más amplia para modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del gobierno. La declaración de utilidad pública para los edificios alquilados es un paso necesario hacia la construcción de un Estado más fuerte y capaz de responder a las necesidades inmediatas y futuras del país. Para comunicarse con el articulista favor de escribir al correo: ramon1_mercedes@hotmail.com
