Por. Ramón Mercedes
En la República Dominicana, el Defensor del Pueblo es una institución fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, a lo largo de los últimos tres años, se ha evidenciado una preocupante falta de funcionamiento colectivo en esta entidad, lo que limita su capacidad para cumplir con su misión de manera efectiva y transparente. Según lo establecido en los artículos 80-5 y 83-3 de la Constitución, así como en el artículo 7 de la Ley 19-01, el Defensor del Pueblo no es solo un individuo, sino un órgano colegiado que debe actuar de manera conjunta y participativa.
La estructura del Defensor del Pueblo incluye al titular, dos suplentes y dos adjuntos, quienes deben trabajar en conjunto para abordar las problemáticas que afectan a la ciudadanía. Sin embargo, este modelo colegiado no se ha materializado en prácticas efectivas. Es fundamental que se realicen reuniones periódicas entre todos los miembros para discutir temas cotidianos relacionados con la defensa de los derechos humanos, aprobar iniciativas para empoderar a los ciudadanos y supervisar la ejecución del plan de trabajo anual.
La falta de un funcionamiento institucional claro ha llevado a una percepción errónea de que el Defensor del Pueblo es una entidad que puede ser administrada y dirigida a voluntad por un solo miembro. No obstante, es importante recordar que esta institución recibe fondos públicos a través del presupuesto nacional, lo que implica una responsabilidad hacia todos los ciudadanos. La Ley 19-01 no confiere a un solo miembro la autoridad para manejar recursos públicos sin supervisión ni rendición de cuentas.
En un Estado Social Democrático y de Derechos, es imperativo que las instituciones públicas operen con principios de transparencia y participación. La dirección de una entidad como el Defensor del Pueblo no puede recaer en una sola persona; debe ser un esfuerzo colectivo que refleje las diversas voces e intereses de la sociedad. Esto no solo fortalecería la capacidad institucional para abordar las violaciones a los derechos humanos, sino que también fomentaría la confianza ciudadana en un organismo que debe ser un modelo de integridad.
Por lo tanto, es urgente reclamar un cambio en el funcionamiento interno del Defensor del Pueblo. La implementación de reuniones regulares y la creación de espacios para el diálogo y la toma de decisiones conjuntas son pasos necesarios hacia una gestión más inclusiva y responsable. Solo así podremos garantizar que el Defensor del Pueblo cumpla su rol como garante de los derechos fundamentales, actuando siempre en beneficio de todos los ciudadanos y asegurando que sus recursos se manejen con total transparencia.
