Por: Ahora Noticias RD
El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, lanzado una petición contundente después del fatal incendio que cobró la vida de al menos 13 reclusos en la Penitenciaría Nacional de La Victoria: someter a los ingenieros responsables de la construcción de Las Parras, una medida que refleja la urgente necesidad de abordar las deficiencias estructurales en el sistema penitenciario de la República Dominicana.
Ulloa, en una entrevista televisiva en el programa D' Agenda, transmitido por Telesistema canal 11, resaltó que Las Parras y Pedro Corto en San Juan de la Maguana tienen el potencial de ofrecer condiciones más humanas para los reclusos. Sin embargo, señaló que si Las Parras fue construida en terreno inestable, es imperativo que los ingenieros responsables rindan cuentas por ello.
El incendio en La Victoria puso en evidencia la grave situación que prevalece en las cárceles dominicanas, especialmente en las instalaciones del modelo penitenciario antiguo. Ulloa denunció la corrupción arraigada en estos centros, citando ejemplos como una ferretería operada por un recluso en la cárcel de San Francisco de Macorís, así como casos de violencia dentro de las mismas instalaciones.
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El Defensor del Pueblo subrayó la necesidad de inversión en infraestructura penitenciaria, mencionando que la Dirección General de Prisiones ha identificado alrededor de 700 lugares que podrían ser habilitados si se realizan mejoras estructurales. Sin embargo, lamentó que la falta de espacio y las condiciones inadecuadas persistan, contribuyendo a la sobrepoblación carcelaria y a la prevalencia de presos preventivos.
El llamado de Ulloa a un diálogo entre diversas instituciones, incluyendo el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensa Pública, resalta la necesidad de una acción coordinada para abordar la crisis en el sistema penitenciario dominicano. En un país donde casi se duplica la cantidad de presos en relación con los espacios disponibles, la tragedia en La Victoria sirve como un llamado urgente a la acción para mejorar las condiciones de reclusión y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario.
