SANTO DOMINGO.– En una sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Senado de la República aprobó de manera unánime las modificaciones a la Ley Orgánica del Código Procesal Penal (CPP) remitida por la Cámara de Diputados, avanzando así en uno de los proyectos más relevantes para la modernización de la justicia dominicana.
Los 28 senadores presentes votaron a favor de la iniciativa, sometida por los legisladores Cristóbal Venerado Castillo, Félix Bautista, Antonio Taveras Guzmán y Omar Fernández, la cual introduce cambios orientados a reforzar el debido proceso, las garantías constitucionales y la protección de la dignidad humana.
Modernización del sistema procesal
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó el compromiso del órgano legislativo con la aprobación de leyes que contribuyan al fortalecimiento del Estado de derecho. Exhortó además a la ciudadanía a realizar críticas objetivas sobre el contenido de la reforma, destacando el trabajo riguroso de la comisión especial encargada de su estudio.
La pieza legislativa contiene 60 artículos que actualizan y armonizan distintos aspectos del proceso penal, incluyendo plazos procesales, criterios para medidas de coerción, reglas sobre arraigo, atribuciones del juez de ejecución y precisiones sobre el juez natural.
Cambios relevantes
La reforma incorpora principios de mínima intervención penal, promueve la celeridad procesal y dispone la aplicación inmediata de las nuevas normas, excepto cuando resulten desfavorables para el imputado. Asimismo, integra mecanismos que facilitan acuerdos en todas las etapas del proceso, orientados a agilizar los trámites judiciales.
El análisis técnico del proyecto implicó 118 horas de trabajo, distribuidas en 14 reuniones de la comisión especial, 18 encuentros de la subcomisión y cuatro jornadas adicionales de revisión, según detalló el Senado.
Hacia una justicia más eficiente
Con esta aprobación, el Congreso avanza en el proceso de reforma del sistema penal, con el propósito de fortalecer la administración de justicia y garantizar un modelo más ágil, transparente y alineado con los principios constitucionales.
El proyecto será remitido ahora al Poder Ejecutivo para los fines correspondientes.
