La percepción de que un sector considerable de abogados no muestra entusiasmo por cursar estudios de cuarto nivel, como maestrías o doctorados, es un fenómeno complejo que trasciende la simple falta de interés. En el contexto dominicano, esta realidad se entrelaza con una serie de factores económicos, estructurales y culturales que, en conjunto, crean un terreno fértil para el estancamiento profesional. Analizar esta aparente aversión a la formación continua nos obliga a mirar más allá de la superficie y a cuestionar los cimientos del ejercicio profesional y la educación legal en el país.
El mercado laboral saturado de abogados, una realidad que en el país se intensifica debido a la gran cantidad de universidades que ofertan la carrera, es un factor determinante. Esta sobreabundancia de profesionales reduce la necesidad percibida de un título de cuarto nivel para los recién egresados. Muchos abogados, especialmente en áreas comunes del derecho, consideran que la experiencia práctica y el establecimiento de una cartera de clientes son más valiosos que una especialización académica, que no siempre se traduce en un aumento inmediato de ingresos. El costo y el tiempo que implica un postgrado, sumado a la incertidumbre sobre su retorno de inversión, se convierten en barreras significativas.
Las deficiencias en la formación de grado también juegan un papel crucial. Algunas universidades dominicanas aún tienen planes de estudio que no se actualizan con la suficiente frecuencia para reflejar las dinámicas legales actuales. Además, la falta de clínicas jurídicas y talleres prácticos en el currículo de pregrado deja a muchos abogados con habilidades fundamentales por desarrollar en áreas como la redacción, la argumentación y la litigación. Ante este escenario, un postgrado podría percibirse como un intento de suplir carencias básicas en lugar de una verdadera especialización, lo que desmotiva a quienes ya se sienten exhaustos del proceso de formación inicial.
La alta carga de trabajo y el ritmo de vida de la mayoría de los abogados también contribuyen a esta renuencia. La profesión legal se caracteriza por plazos estrictos, casos complejos y una presión constante, lo que deja poco tiempo y energía para el estudio adicional. Muchos profesionales se encuentran atrapados en una rutina que prioriza las responsabilidades laborales y familiares, postergando indefinidamente sus planes de formación avanzada. La idea de regresar a las aulas después de una larga jornada laboral se convierte en una carga más que en una oportunidad de crecimiento.
Un factor cultural y de mentalidad también debe considerarse. Existe una mentalidad arraigada en algunos sectores de la profesión que sobrevalora la experiencia práctica por encima del conocimiento teórico especializado. En este contexto, un título de postgrado podría ser visto como un simple adorno en el currículum, y no como un activo real que mejore el desempeño profesional. Esta percepción subestima el valor de la investigación, el pensamiento crítico y las habilidades analíticas profundas que se desarrollan en los estudios de cuarto nivel.
Las limitaciones económicas son una realidad innegable para muchos abogados en el país. Los costos de matrícula, libros y otros gastos relacionados con un postgrado pueden ser inaccesibles para aquellos que no tienen un ingreso estable o que recién comienzan su carrera. Aunque existen opciones de becas y financiamiento, la carga financiera sigue siendo un obstáculo considerable. En un mercado con sueldos iniciales a menudo bajos, la inversión en una maestría se percibe como un lujo que no todos pueden permitirse.
La falta de una oferta académica de postgrado realmente atractiva y relevante también influye. Aunque la oferta de maestrías en derecho ha crecido en el país, la calidad, el enfoque práctico y la pertinencia de algunos programas pueden ser cuestionados. Los abogados buscan programas que ofrezcan un conocimiento especializado y aplicable de inmediato a su práctica profesional. Si la oferta académica no cumple con estas expectativas, es natural que la motivación para invertir tiempo y dinero en un postgrado disminuya.
La aparente negativa de muchos abogados a cursar estudios de cuarto nivel es un síntoma de problemas más profundos en la profesión legal dominicana. No se trata de una simple aversión al conocimiento, sino de una serie de barreras interconectadas que incluyen la saturación del mercado, deficiencias en la educación de grado, la carga laboral, limitaciones económicas y una oferta académica que no siempre responde a las necesidades del profesional. Romper este ciclo requiere una reflexión profunda sobre la calidad de la educación legal, el valor del conocimiento especializado y las estructuras que rigen la carrera del abogado en el país.
Por sobre todo, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, entidad que, esta demás decirlo, debe procurar el bienestar de todos los Togados, está más enfocado en recaudar dinero para todo lo que la entidad necesita, sin embargo, aún no he escuchado del primer abogado que nuestro “Sindicato” le haya gestionado una beca o le haya pagado una Maestría a aquellos que, dada la situación económica de muchos, no pueden pagarla.
Agrego que, cada caso requiere el pago de impuestos que, al final, no nos benefician y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y sus burocracias, tampoco aportan a tan digna profesión.
