Tribunal acogió solicitud del Ministerio Público por el siniestro ocurrido en una fábrica de plástico en agosto de 2023
SAN CRISTOBAL– Un tribunal de esa provincia dictó auto de apertura a juicio contra los imputados por la explosión registrada el 14 de agosto de 2023 en una fábrica de plástico, hecho que provocó la muerte de más de 40 personas, decenas de heridos, así como la destrucción de varios edificios y viviendas en el centro de la ciudad.
La decisión fue adoptada por la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal, Loyda Amador, quien acogió en todas sus partes la solicitud presentada por el Ministerio Público, ordenando que enfrenten juicio los propietarios de la empresa Vidal Plast: Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, así como la razón social donde se originó la explosión.
Según el expediente acusatorio, el siniestro fue consecuencia de la imprudencia, negligencia e inobservancia de los reglamentos de seguridad, salud y medioambiente en el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos utilizados en la industria del plástico. La explosión fue atribuida al químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico empleado para la fabricación y modificación de polímeros.
El Ministerio Público explicó que el químico fue almacenado durante años en un espacio cerrado, sin condiciones adecuadas y junto a residuos plásticos, lo que generó una acumulación peligrosa de gases que finalmente detonaron. El hecho ocurrió alrededor de las 3:10 de la tarde, en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado, en el sector conocido como el Antiguo Mercadito.
La acusación detalla que ya en marzo de 2023 se habían producido señales de alerta, cuando una chispa durante trabajos de herrería provocó una reacción química con humo denso y calor, causando quemaduras a un empleado, sin que se adoptaran medidas correctivas.
El caso fue declarado de tramitación compleja y está sustentado en 128 elementos probatorios, entre pruebas testimoniales, documentales, periciales y audiovisuales. Los procesados enfrentan cargos por violación al artículo 319 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley General de Salud 42-01 y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
