SANTO DOMINGO.– El abogado Francis Ortiz reveló este jueves que el director de Corphotel, Víctor Ogando, le confirmó que el ministro de Turismo, David Collado, en su calidad de presidente del Consejo de esa institución, habría instruido que no se ejecute el pago de 40 millones de pesos destinados a Inmobiliaria Pineda Medina, recursos previamente desembolsados por el Infotep como parte de un acuerdo de compensación.
Ortiz, representante legal de Melton Pineda en el caso de la deuda por el proyecto vinculado al Hotel Guarocuya en Barahona, hizo la denuncia durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, donde afirmó que el proceso de pago “está rodeado de decisiones inexplicables”.
El jurista explicó que existe un acuerdo.
tripartito mediante el cual Inmobiliaria Pineda Medina entregó de manera amigable las instalaciones construidas contiguas al Hotel Guarocuya, pactándose el pago de 40 millones de pesos por construcción y amueblamiento, más 5 millones adicionales correspondientes a la desocupación del inmueble. Estos últimos fueron entregados, pero los 40 millones permanecen sin ejecución.
“El cheque fue emitido, Contraloría autorizó, Infotep transfirió los fondos y están consignados a nombre de Corphotel. Entonces, ¿por qué no se paga?”, cuestionó Ortiz, quien insistió en que los recursos no pertenecen al presupuesto ordinario de Corphotel, sino que fueron asignados exclusivamente para cumplir ese acuerdo.
Agregó que, ante la confusión generada, se solicitaron tres opiniones jurídicas a reconocidos expertos —entre ellos el doctor Jorge Subero Isa y el abogado Ernesto Raful—, y todos coincidieron en que Corphotel debe realizar el pago, pese a lo cual la entidad continúa reteniendo los fondos.
Ortiz calificó como “acto de irresponsabilidad administrativa” la alegada posición del director Ogando, quien, según dijo, atribuye la negativa al ministro Collado. “Si Corphotel firmó un compromiso, debe cumplirlo. No puede escudarse en instrucciones externas para evadir una obligación contractual”, afirmó.
El abogado advirtió que la retención injustificada de recursos especializados podría acarrear consecuencias legales. “Si un dinero fue desembolsado para un fin específico, nadie puede usarlo para otra cosa. Eso constituye una falta administrativa grave”, sostuvo.
Ortiz llamó a las autoridades de Corphotel a ofrecer explicaciones claras a la opinión pública y reiteró su disposición de acudir a las instancias que correspondan, incluido el Tribunal Superior Administrativo, para destrabar un proceso que —según dijo— “no tiene lógica alguna”.
“Esperamos que el director Víctor Ogando dé la cara y explique cuál es la razón real de esta negativa. El Estado no puede jugar con acuerdos firmados y autorizados”, concluyó.
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