Santo Domingo.– La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) impuso una multa de RD$2,189,154.80, equivalente a 101 salarios mínimos nacionales, al Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González, S.A.S., por no garantizar atención de emergencia a los señores Franklín Alberto Rodríguez Garabitos y Luis Thomas Graveley, afectados durante la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set.
La decisión, contenida en la resolución DJ-GIS Núm. 0012-2025, establece que el centro de salud incumplió la Ley 87-01 de Seguridad Social y la Resolución Administrativa No. 00165-2009, al negarse a brindar asistencia médica inmediata en un momento en que la vida de los pacientes estaba en riesgo.
De acuerdo con el documento, la sanción fue aplicada tras un procedimiento administrativo iniciado contra el Prestador de Servicios de Salud (PSS), luego de que la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) recibiera denuncias sobre la negativa de atención en condiciones críticas.
El artículo segundo de la resolución otorga un plazo de diez días hábiles para que el centro pague la multa en la Tesorería de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la normativa vigente.
El titular de la DIDA, Elías Báez, resaltó la importancia de la medida, afirmando: “Que nadie invente con tus derechos. Lo logramos”, al destacar que esta sanción refuerza la protección de los afiliados y la obligación de los prestadores de salud de garantizar atención en situaciones de emergencia.
Además, la resolución ordena al centro implementar medidas correctivas inmediatas, entre ellas:
Remitir un plan de acción en un plazo de 10 días hábiles, detallando cómo garantizará el cumplimiento de la Resolución Administrativa No. 00165-2009.
Asegurar la participación de todo el personal administrativo y clínico en programas de fortalecimiento técnico sobre regulaciones del Seguro Familiar de Salud.
La Dirección de Aseguramiento en Salud para los Regímenes Contributivos y Planes de SISARIL será la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de los afiliados y el cumplimiento de los estándares legales de atención de emergencia.
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