
SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó, en única lectura, las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de ley que transformará la regulación de los contratos de alquiler en la República Dominicana. La pieza legislativa ahora será enviada al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga o la devuelve con observaciones.
Entre los puntos más destacados del nuevo proyecto figura la reducción del depósito en garantía, que pasa a ser el equivalente a dos meses de renta. Este monto deberá ser depositado en el Banco Agrícola o el Banco de Reservas, y será devuelto al inquilino una vez entregue la propiedad en buen estado.
En casos donde el inmueble deba ser desocupado por remodelación, la ley establece que el pago del alquiler quedará suspendido temporalmente. Finalizadas las reparaciones, el inquilino retomará su contrato por el tiempo equivalente al que no pudo ocupar la vivienda.
Asimismo, se establece que el inquilino debe realizar labores básicas de mantenimiento y será responsable de arreglar los daños que ocasione de manera directa o indirecta.
Uno de los aspectos más contundentes de esta legislación es que contempla sanciones penales y económicas para los alguaciles y abogados que ejecuten desalojos sin autorización o sin respetar el proceso legal.
Según lo aprobado, podrían enfrentar de tres a cinco años de prisión, junto a multas de entre 10 y 50 salarios mínimos del sector público. Además, se prevén sanciones administrativas en casos donde los ajuares del inquilino sean vulnerados durante un desalojo indebido.
El proyecto obliga a que, antes de que se conozca una demanda por incumplimiento de contrato, el Juzgado de Paz celebre una audiencia preliminar de conciliación entre ambas partes. La medida busca evitar conflictos judiciales prolongados y promover acuerdos voluntarios.
Esta nueva ley derogará normativas anteriores y promete un nuevo marco más justo y equilibrado entre propietarios e inquilinos, en un contexto donde los conflictos por alquileres siguen siendo una fuente común de disputas legales.