SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgo este domingo el nuevo Código Penal de la República Dominicana, una reforma histórica que reemplaza el antiguo marco legal vigente desde 1884 y que busca responder a los desafíos actuales del crimen y la seguridad ciudadana. La nueva normativa, contenida en la Ley 74-25, entrará en vigor en agosto del año 2026.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Presidencia, el nuevo código no solo impone sanciones, sino que adopta un enfoque preventivo y resocializador, haciendo de la seguridad un compromiso compartido entre el Estado y toda la sociedad.
Entre los principales avances, el nuevo Código Penal tipifica delitos modernos como el feminicidio, sicariato, ciberacoso, violencia económica, deepfakes con fines de chantaje, esquemas piramidales, dopaje, autosecuestro y falsa denuncia.
También contempla un aumento significativo en las sanciones, elevando la pena máxima de prisión a 40 años, estableciendo el cúmulo de penas, e incluyendo la violación conyugal como delito castigable.
Otra innovación relevante es que ahora las personas jurídicas también pueden ser penalmente responsables, permitiendo sancionar a empresas cuando sus representantes cometan delitos. Además, se implementarán registros públicos de agresores sexuales y programas de reeducación para quienes hayan cumplido condena.
La ley también refuerza la lucha contra la corrupción administrativa, extendiendo los plazos de prescripción y prohibiendo ocupar cargos públicos a quienes sean hallados culpables.
En materia de protección a menores, el nuevo Código extiende hasta 30 años el plazo para denunciar delitos sexuales, contados desde que la víctima cumpla la mayoría de edad, garantizando mayor acceso a la justicia para quienes hayan sido abusados en su niñez o adolescencia.
“El país necesitaba actualizar su legislación penal. Con esta reforma, el sistema judicial dominicano se pone a tono con los tiempos modernos y fortalece la respuesta ante la criminalidad organizada y la violencia social”, señala el comunicado de la Presidencia.
La entrada en vigencia está pautada para agosto del 2026, con el propósito de dar tiempo al sistema judicial, a los actores legales y a la ciudadanía para adaptarse a los cambios que trae consigo esta transformación del orden penal.
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