Tras aprobar Código Penal, Cámara de Diputados da luz verde a préstamos por US$615 millones en la madrugada



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SANTO DOMINGO.– En una jornada maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó tres nuevos préstamos por un monto total de 615 millones de dólares, justo horas después de sancionar la controversial reforma al Código Penal.

Pasadas las 3:00 de la mañana, y luego de más de 14 horas de sesión ininterrumpida, los legisladores acogieron tres empréstitos suscritos por el Gobierno dominicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

¿Para qué serán los fondos?

US$ 35 millones con el CAF: destinados a financiar la ampliación del acueducto barrera de salinidad en Santo Domingo, ejecutado por la CAASD.

US$ 200 millones con el BID: para diseñar e implementar planes de rehabilitación y reconstrucción de puentes, integrando tecnologías resistentes al cambio climático y desastres naturales. Este préstamo también incluye la adquisición de equipos e infraestructura tecnológica para monitoreo estructural e hidrometeorológico.

US$ 380 millones con el BID: serán usados en el Programa de Saneamiento Universal en Ciudades Costeras y Turísticas, para mejorar el acceso a servicios en La Romana, Higüey y San Pedro de Macorís, así como para fortalecer la eficiencia operativa de INAPA y Coaarom.

Estos tres acuerdos fueron enviados por el Poder Ejecutivo, en un contexto donde el presidente Luis Abinader ha reconocido una desaceleración económica que, según él, es consecuencia de factores internacionales y políticas monetarias restrictivas en los Estados Unidos.

“Sabemos que la población lo está sintiendo... pero esto responde a circunstancias internacionales, especialmente por el alza de tasas en EE.UU.”, expresó el mandatario en su más reciente intervención durante LA Semanal.

Aunque las autoridades defienden que los préstamos buscan mejorar la infraestructura y los servicios básicos, sectores de la oposición y parte de la sociedad civil han vuelto a cuestionar el creciente endeudamiento público, aprobado muchas veces en sesiones fuera del horario regular.

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