Barahona, 30 de junio 2025.– Un grupo de empleados de la Zona Franca Industrial de esta provincia denunció este lunes presuntos maltratos laborales y despidos injustificados que, según afirman, estarían siendo cometidos por los ejecutivos coreanos a cargo de la administración de varias naves de producción en el parque industrial de esta provincia.
Una de las trabajadoras afectadas, que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias, explicó que numerosos obreros habrían sido cancelados sin recibir el pago de las prestaciones laborales que les corresponden por ley, en franca violación de sus derechos y sin que el ministerio de trabajo intervenga para hacer cumplir la ley.
“Aquí hay compañeros que tienen años trabajando y cuando los cancelan no les pagan ni un centavo. Si uno reclama, lo amenazan con meterlo preso o con ponerle cualquier excusa,” expresó la denunciante.
De igual forma, sostuvo que los empleados enfrentan condiciones de explotación, al serles asignadas jornadas de trabajo y cargas laborales que, según asegura, no cumplen con los estándares establecidos por la normativa dominicana.
La denunciante agregó que cualquier intento de organizarse o de formar un sindicato para exigir derechos colectivos termina en despidos inmediatos. “En cuanto se enteran de que uno quiere hacer un sindicato, lo botan. Aquí no hay garantías para nadie,” afirmó.
Los denunciantes manifestaron sentirse desprotegidos por parte de las autoridades competentes y reclamaron la intervención urgente del Ministerio de Trabajo, así como de organismos de protección laboral, para investigar la situación y garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los trabajadores.
Hasta el momento, la administración de las naves señaladas no ha ofrecido declaraciones oficiales en respuesta a estas denuncias.
La situación ha generado preocupación entre familiares y otros obreros del parque industrial, quienes temen que la falta de supervisión propicie más despidos sin amparo legal. Se espera que en los próximos días las autoridades puedan emitir un pronunciamiento sobre el caso y confirmar si se abrirán procesos de inspección en las empresas involucradas.
