SANTO DOMINGO– Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias depositaron este martes dos recursos de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para intentar frenar la construcción de una nueva presa de colas por parte de la empresa minera Barrick Gold, en el distrito municipal de Sambrana, provincia Sánchez Ramírez.
El recurso, uno de extrema urgencia y otro preventivo, fue presentado por representantes del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD) y líderes comunitarios, quienes denuncian que la obra representa una grave amenaza para la vida humana y el medioambiente.
“Estamos ante un proyecto tres veces más grande que la actual presa de El Yagal. Si esa estructura falla, las consecuencias serían devastadoras: podrían perderse más de 100 vidas y provocarse un desastre ecológico sin precedentes”, advirtió Euren Cuevas Medina, director de INSAPROMA.
De acuerdo con los documentos depositados, la nueva presa tendría capacidad para almacenar 797.4 millones de toneladas de desechos tóxicos, frente a los 250 millones que ya maneja El Yagal, considerada de por sí una amenaza latente para las comunidades aledañas.
Por su parte, Fernando Peña, del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, señaló que la población de Cotuí no ha sido consultada adecuadamente sobre este proyecto, violando el principio de participación ciudadana y el derecho a un medioambiente sano.
El abogado Martín Guzmán Tejada, quien también representa a comunidades afectadas, reiteró que el amparo busca frenar el proceso antes de que se materialice una obra que “podría condenar a generaciones enteras de dominicanos”.
Los denunciantes exigen que el Estado, a través de los órganos judiciales y ambientales, detenga inmediatamente los planes de expansión de Barrick Gold hasta que se realicen estudios independientes, participativos y transparentes, donde se priorice la salud y el bienestar de la población.
Hasta el momento, Barrick Pueblo Viejo no ha emitido una respuesta oficial a los recursos interpuestos. Mientras tanto, el caso queda ahora en manos del Tribunal Superior Administrativo, cuya decisión podría marcar un precedente en materia de justicia ambiental en la República Dominicana.
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