Todo comenzó con la venta de una camioneta Toyota Hilux, año 2009, que Alberto de la Rosa vendió a Jairo Vallejo para fines comerciales. En junio de 2023, el Plan Piloto de la Policía Nacional emitió una certificación que confirmaba que el vehículo no tenía denuncias ni restricciones. Sin embargo, apenas tres meses después, la misma institución notificó que el número de chasis estaba alterado y que el vehículo había sido reportado como robado desde el año 2010.
La pesquisa, iniciada a requerimiento del fiscal Encarnación Medina, concluyó que la camioneta coincidía con una denuncia de robo presentada por un tal Giovanni Antonio Jiménez Cisnero, pero la supuesta acta carece de la firma del denunciante y del oficial que la recibió, lo que despierta serias dudas sobre su autenticidad.
Seis propietarios han pasado por ese vehículo desde 2009, sin que la presunta denuncia de robo impidiera las transferencias legales, hasta que finalmente fue retenido por disposición del fiscal. Como resultado, De la Rosa fue detenido, aunque luego se le impusieron medidas de coerción, mientras Vallejo quedó sin camioneta, endeudado y pagando letras por un bien que ya no posee.
A este hecho se suma el testimonio de la doctora Lucilia Polanco, quien acusa al mismo fiscal Encarnación Medina de negarse a devolverle una yipeta RAV4, año 2023, que, según afirma, es de su legítima propiedad. La profesional de la salud narró que vivió una experiencia traumática por el manejo del caso y que incluso notificó a la fiscal del distrito correspondiente, sin que se tomaran medidas hasta el momento.
Pero el expediente no termina ahí. La semana pasada, El Informe ya había presentado denuncias contra Encarnación Medina por utilizar una yipeta Honda CR-V 2024 incautada por el Ministerio Público. Documentos en poder del programa periodístico prueban que el vehículo fue adquirido legalmente en Estados Unidos y exportado por una empresa formalmente establecida. Pese a estar bajo investigación, el fiscal se desplazaba en dicho vehículo como si fuese de uso oficial o personal.
Durante un intento de entrevista por parte de la periodista Alicia Ortega, Encarnación Medina se negó a ofrecer declaraciones, adoptando una actitud evasiva y llegando incluso a acusar sin fundamento a la comunicadora de estar vinculada a un caso judicial.
Consultado sobre la situación, el Ministerio Público informó brevemente que no ofrecerá comentarios debido a que el fiscal está siendo investigado, sin precisar si ha sido suspendido de sus funciones o si enfrenta algún proceso disciplinario formal.
Este cúmulo de denuncias levanta serias interrogantes sobre los protocolos de manejo de bienes incautados, el control de los fiscales en sus demarcaciones y la debida supervisión por parte de las autoridades judiciales superiores. La ciudadanía y los sectores legales esperan que el caso no quede en la impunidad.
