Santo Domingo.– A raíz de la tragedia ocurrida en Santo Domingo Este, donde un capitán retirado de la Armada ultimó a tres miembros de su familia antes de quitarse la vida, se reaviva el debate sobre el acceso a armas de fuego por parte de militares en condición de retiro.
¿Qué establece la ley?
En la República Dominicana, el porte de armas por parte de militares y policías retirados está regulado por diferentes normativas:
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Fuerzas Armadas: La Ley 139-13, en su artículo 161, permite que los oficiales generales y superiores retirados porten un arma corta asignada por el Intendente de Material Bélico de su institución. En algunos casos, oficiales subalternos también pueden recibir este derecho.
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Policía Nacional: A diferencia de los militares, la Ley 590-16 no otorga explícitamente a los policías retirados el derecho a portar armas. Sin embargo, les permite contar con agentes de seguridad asignados.
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Control de armas en general: La Ley 631-16 regula el porte y tenencia de armas en el país, concediendo a ciertos funcionarios públicos este derecho de por vida, sin mencionar de manera específica a los militares o policías retirados.
¿Seguridad o peligro?
Este tema divide opiniones. Mientras algunos defienden el derecho de los oficiales retirados a portar armas por su experiencia y posible necesidad de protección, otros advierten sobre los riesgos que esto conlleva, especialmente en casos de inestabilidad emocional o conflictos familiares.
La tragedia en Santo Domingo Este
El caso que ha reabierto el debate ocurrió la madrugada del lunes, cuando el capitán retirado Fabio Montero Berigüete disparó contra su esposa Ofrany Canario Montero, su hijo Santo Montero Canario y su nuera Scarlin Mariel Román, mientras dormían en su residencia.
Tras cometer los homicidios, Montero Berigüete se suicidó de un disparo en la cabeza. Un segundo hijo, Andy Montero Canario, sobrevivió al ataque y recibe atención médica.
El velatorio de las víctimas se lleva a cabo en la funeraria Gresefu, en el sector Ensanche Ozama, mientras las autoridades continúan investigando los motivos detrás de este trágico suceso.
El caso pone en la mesa la necesidad de revisar las regulaciones sobre el acceso a armas de fuego por parte de militares retirados y la importancia de abordar la salud mental como un factor clave en la prevención de la violencia intrafamiliar.
