Por Ahora Noticias RD
Santo Domingo. El Tribunal Constitucional (TC) anuló la Ley 1-24, que establecía la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerar que la normativa violaba principios fundamentales consagrados en la Constitución. La decisión fue adoptada mediante la sentencia TC/0767/24, acogiendo una acción directa de inconstitucionalidad presentada por los partidos Fuerza del Pueblo, de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
La ley, promulgada el pasado enero, enfrentó desde sus inicios fuertes cuestionamientos. Varias organizaciones de la sociedad civil y grupos políticos denunciaron que los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 atentaban contra derechos fundamentales como la libertad de expresión, la intimidad personal y la seguridad jurídica.
Uno de los artículos más debatidos fue el 11, que obligaba a instituciones públicas y privadas, así como a personas físicas, a proporcionar información al DNI bajo criterios amplios y vagos, lo que generó temores de abuso. Por su parte, el artículo 26 imponía severas sanciones a quienes se negaran a entregar dicha información, con multas y penas de prisión, aspectos considerados desproporcionados e inconstitucionales.
El expresidente Leonel Fernández, líder de Fuerza del Pueblo, celebró la sentencia destacando que “reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales”. En sus redes sociales, Fernández calificó la ley como un "retroceso institucional democrático" sin precedentes desde la era post-Trujillo.
Asimismo, instituciones como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) habían expresado su rechazo, alertando sobre el impacto de la ley en la libertad de prensa y el ejercicio periodístico.
En respuesta a las críticas, el Poder Ejecutivo inició en septiembre un proceso de revisión de la normativa, realizando modificaciones que fueron enviadas al Congreso. Sin embargo, la anulación definitiva de la ley por parte del TC exige ahora una reestructuración completa bajo el marco constitucional.
La Ley 1-24 fue diseñada con el objetivo de proteger los intereses de la nación y enfrentar amenazas internas y externas contra el Estado. Sin embargo, los vicios legislativos y el lenguaje ambiguo en varios artículos llevaron a su rechazo por diversos sectores.
