
Por Ahora Noticias RD
Santo Domingo.- Los partidos políticos trabajan en una propuesta para modificar los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, buscando regular las candidaturas independientes establecidas por el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia TC/0788/24. El borrador de esta reforma será entregado a la Junta Central Electoral (JCE) en las próximas horas para que, tras ser revisado, sea sometido al Congreso Nacional.
La decisión del TC, que permite candidaturas independientes al margen de los partidos políticos, ha sido criticada por las organizaciones partidarias, que acusan a la alta corte de exceder sus competencias al legislar en lugar del Congreso Nacional.
Según fuentes del proceso, los partidos proponen que una persona no pueda presentarse como precandidato por una organización política y luego aspirar como independiente en el mismo proceso electoral. Además, la JCE será la responsable de definir el diseño y la confección de la boleta electoral para las candidaturas independientes.
En cuanto a las alianzas, se permitirán acuerdos entre agrupaciones civiles y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos legales. Estas agrupaciones estarán sujetas al mismo régimen de fiscalización financiera que los partidos, rindiendo cuentas a la JCE.
Los conflictos electorales relacionados con estas candidaturas serán competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), que deberá resolverlos garantizando el debido proceso.
La sentencia TC/0788/24, emitida el 13 de diciembre de 2024, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, argumentando que contravenían el principio de razonabilidad. La decisión permite candidaturas independientes de carácter nacional, provincial, municipal y del Distrito Nacional a través de agrupaciones cívicas o sociales.
Sin embargo, los partidos políticos han expresado su rechazo, argumentando que esta medida podría debilitar el sistema democrático y golpear la estructura de los partidos. Sectores empresariales y religiosos también han manifestado preocupaciones similares.
Organizaciones como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han señalado que la modificación de estos artículos corresponde al Congreso Nacional, según el artículo 112 de la Constitución.
El debate sigue abierto mientras los partidos y la JCE intentan alcanzar un consenso que permita resolver este desafío legal y electoral.