Santo Domingo, 27 de diciembre 2024- En una decisión histórica, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 10-15, que introducía modificaciones al Código Procesal Penal (Ley 76-02). La sentencia TC/0765/24 anula la normativa en su totalidad, afectando directamente 111 de los 449 artículos del Código Procesal Penal y devolviendo el marco jurídico al estado anterior a su promulgación.
El fallo señala «graves vicios de forma» en el proceso de aprobación de la Ley 10-15, como la intervención unilateral del Senado y la falta de la mayoría calificada requerida para leyes orgánicas, lo que contradice principios democráticos y de bicameralidad establecidos en la Constitución.
El Tribunal otorgó al Congreso Nacional un plazo de un año para corregir los vicios detectados y aprobar una nueva ley que cumpla con los estándares constitucionales. De no cumplirse este plazo, la Ley 10-15 será automáticamente excluida del ordenamiento jurídico en 2025.
La decisión afecta prerrogativas clave en la persecución de crímenes, como:
- Derechos de las víctimas: Se eliminan garantías como la representación legal gratuita y el derecho a ser escuchadas en procesos penales.
- Querellas privadas: Las víctimas pierden la posibilidad de actuar como querellantes junto con el Ministerio Público.
- Suspensión condicional y rebeldía: Figuras como la suspensión condicional del procedimiento y la declaración en rebeldía del imputado también son eliminadas.
Federico Méndez, abogado y exdirector de comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia, destacó que la sentencia elimina herramientas esenciales para la persecución penal, dejando un vacío legal que debe ser subsanado rápidamente.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, quien argumentó que la Ley 10-15 violaba principios constitucionales fundamentales, incluyendo el sistema bicameral, la deliberación conjunta y la supremacía constitucional.
El fallo del Tribunal Constitucional obliga al Congreso a trabajar con celeridad para promulgar una nueva normativa en 2025 que respete los principios establecidos en la Constitución, garantizando un sistema procesal penal funcional y conforme a derecho.
La decisión, que ha generado amplio debate en círculos legales y políticos, subraya la necesidad de un marco legislativo robusto y respetuoso de los principios constitucionales en la República Dominicana.
