Por Ahora Noticias RD
Santo Domingo, 22 de noviembre de 2024– Dos diputados presentaron un anteproyecto de ley que busca imponer restricciones sobre el alquiler de propiedades, la compra de inmuebles y el acceso a ciertos empleos para los ciudadanos haitianos en el país, con el objetivo de controlar los efectos de la crisis social en Haití y evitar su impacto en la República Dominicana.
El anteproyecto, impulsado por el exministro Pelegrín Castillo y respaldado por los diputados Elías Wessin Chávez (del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, PQDC) y Eugenio Cedeño (del Partido Revolucionario Moderno, PRM), fue presentado oficialmente este lunes en el Congreso Nacional.
La propuesta establece varias medidas clave que incluyen la limitación del alquiler de viviendas a haitianos. Según el artículo 4 de la iniciativa, los propietarios de casas deberán exigir los documentos de identidad y el estatus migratorio de los inquilinos extranjeros antes de firmar un contrato de alquiler. Si los documentos son válidos, el contrato será registrado y reportado a la Dirección General de Migración. En caso de que el propietario aloque a haitianos con estatus migratorio irregular, estaría sujeto a sanciones.
Además, se plantea que los haitianos necesiten la autorización del Poder Ejecutivo para adquirir terrenos o propiedades en el país. Esto incluiría una revisión de cada solicitud, la cual deberá ser depurada y autorizada antes de la venta. El gobierno también se comprometería a informar anualmente al Congreso sobre las solicitudes y las autorizaciones otorgadas.
Otra de las propuestas del anteproyecto busca reservar ciertos empleos para dominicanos. Según la iniciativa, los puestos de trabajo en áreas como seguridad, jardinería, guías turísticos, conductores y auxiliares, así como los cargos en el gobierno central y las alcaldías, deberán ser ocupados únicamente por ciudadanos dominicanos. La medida busca proteger a la fuerza laboral local y asegurar que los puestos de trabajo en áreas sensibles queden reservados para los nacionales.
El anteproyecto también incluye disposiciones que buscan fortalecer el control migratorio. En caso de que extranjeros en situación migratoria regular alojen a personas indocumentadas, ambos serían deportados. También se propone un sistema de control para la Dirección General de Migración, que llevaría un registro de los haitianos que viven en propiedades alquiladas.
Una de las medidas más polémicas del anteproyecto establece que cualquier extranjero que cause daño a trabajadores en la frontera o que intente realizar actividades ilegales como la construcción de túneles será castigado con penas de prisión de entre tres y diez años. Estas penas se aplicarían sin perjuicio de otras acusaciones, como el delito de terrorismo.
El anteproyecto de ley fue diseñado en el marco del Pacto Nacional por la República Dominicana, firmado en octubre de 2023 bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. La propuesta tiene como objetivo mitigar los efectos de la crisis en Haití, limitando su impacto en territorio dominicano y protegiendo las condiciones sociales y laborales de la población nacional.
Aunque la propuesta ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad, quienes la apoyan aseguran que es una medida necesaria para salvaguardar los intereses nacionales y frenar la posible transferencia de crisis sociales a la República Dominicana.
