Por Ahora Noticias RD
Santo Domingo– El Ministerio de Educación (Minerd) anunció la desvinculación de 627 docentes del sistema educativo, debido a graves faltas como abandono de sus puestos y cobro de salarios sin ejercer funciones.
De acuerdo con la Dirección de Recursos Humanos del Minerd, 348 de los maestros cancelados solicitaron su salida de manera voluntaria, mientras que los restantes 279 fueron cesados forzosamente tras detectarse irregularidades significativas en su desempeño laboral.
Las destituciones se llevaron a cabo entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, como resultado de una extensa investigación liderada por la Unidad de Investigación de Inconductas Laborales del ministerio. Esta unidad está conformada por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas, y contó con la colaboración de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
El Minerd informó que el 80 % de los casos se debieron al abandono del cargo, mientras que el 20 % restante estuvo vinculado a otras infracciones graves, incluyendo violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos. La mayoría de los incidentes se registraron en las regionales educativas 10 (Santo Domingo II), 15 (Santo Domingo), 06 (La Vega) y 05 (San Pedro de Macorís).
La investigación también reveló que varios docentes se encontraban residiendo en el extranjero o desempeñando otras actividades ajenas al sector educativo, mientras continuaban recibiendo salarios que oscilaban entre RD$70,000 y RD$90,000 mensuales. En algunos casos, los maestros subcontrataban sustitutos por montos muy inferiores, de entre RD$6,000 y RD$9,000 al mes, para ocultar su ausencia.
En respuesta a estos hallazgos, el Minerd ha intensificado la capacitación de los directores de centros educativos en temas de ética y disciplina laboral, mediante talleres sobre las obligaciones de los servidores públicos y las consecuencias de incumplir con sus deberes.
El ministerio reiteró su compromiso de fortalecer la transparencia y garantizar una gestión responsable del sistema educativo, asegurando que las prácticas indebidas sean identificadas y sancionadas conforme a la ley.
