Por Juan Mayrele
María, una ciudadana responsable que paga sus facturas de electricidad puntualmente, se traslada de Santo Domingo a Barahona casi todos los fines de semana. Su hogar, que queda vacío durante varios días al mes, debería reflejar un consumo de electricidad más bajo en estos períodos. Sin embargo, cada vez que regresa a su casa, encuentra una sorpresa en su factura eléctrica: aunque su consumo normal es de aproximadamente 3 kilovatios (kW) cuando no está, Edesur marca hasta 15 y 18 kW de consumo. Esta situación ocurre, paradójicamente, incluso en semanas en las que no ha encendido las luces ni dejado electrodomésticos en uso. Así como María, miles de usuarios dominicanos sufren los efectos de “la prorrogatera”, un sistema de facturación estimada que genera cargos elevados injustamente, afectando a quienes intentan mantener su consumo bajo control.
La Problemática del Sistema de Facturación Estimada
Edesur utiliza en ciertos casos un sistema de facturación basado en estimaciones, especialmente cuando no realizan lecturas de medidores de forma periódica o confiable. Esto significa que, en lugar de calcular la factura en función del consumo real, aplican una media o referencia de consumo basada en meses anteriores, o incluso en estimaciones que se desvían de la realidad. Para María, que apenas consume electricidad cuando viaja, este sistema resulta en facturas inesperadamente altas, y la empresa pocas veces responde de manera efectiva a sus reclamos.
Un Proceso de Reclamación Injusto y Frustrante
María, como otros dominicanos, ha intentado presentar sus quejas y pedir una revisión de su consumo, incluso ha solicitado que envíen técnicos a su casa con un dispositivo de medición para verificar la realidad de su uso eléctrico. Sin embargo, Edesur nunca avisa al titular ni a ningún miembro del hogar cuando realiza estas inspecciones. Sin una notificación previa, es casi imposible que el cliente esté presente para supervisar el procedimiento, lo cual genera desconfianza sobre la veracidad de estas supuestas revisiones.
Además, al presentar su reclamo, a menudo se le da un período de espera de 3 a 10 días, que casi nunca prospera ni resulta en una corrección a su favor. Le prometen un documento que le permitiría acudir a PROTECOM, la agencia de protección al consumidor, pero, una vez más, esta opción parece inútil. Los usuarios como María se encuentran con un sistema que en teoría debería protegerlos, pero en la práctica parece estar diseñado para beneficiar siempre a la empresa, sin importar cuánto el consumidor trate de hacer valer sus derechos.
Impacto en los Usuarios y la Confianza en el Sistema
Esta situación deja a los consumidores dominicanos en una posición vulnerable y afecta la confianza que deberían tener en el sistema eléctrico nacional. En lugar de un servicio transparente y justo, los clientes sienten que Edesur se aprovecha de un sistema de facturación estimada que actúa en su beneficio y en detrimento de quienes cumplen con el pago de sus facturas e impuestos mes tras mes. Al presentar quejas, los usuarios terminan atrapados en una cadena de burocracia sin obtener una solución efectiva, lo cual intensifica la frustración y el descontento general.
Conclusión y Llamado a la Acción
Para evitar que más dominicanos sigan siendo perjudicados por la prorrogatera de Edesur, es fundamental que el sistema de facturación pase a basarse en lecturas reales y que se eliminen los cobros abusivos estimados. Las autoridades deben intervenir para regular este tipo de prácticas, exigiendo transparencia en los procedimientos y un trato justo a los consumidores. Edesur, por su parte, debe hacer más que prometer soluciones y debe actuar en favor de la confianza y el bienestar de sus clientes, permitiendo un proceso de verificación de consumo accesible y preciso.
La situación de María es solo una muestra de lo que sufren muchos dominicanos. Como consumidores responsables, los ciudadanos esperan un sistema eléctrico que proteja sus derechos y les permita pagar solo por lo que realmente consumen. El país necesita una respuesta contundente ante esta práctica injusta y, sobre todo, un compromiso claro de las empresas eléctricas para brindar un servicio justo y confiable para todos.
