Por Ahora Noticias RD
Santo Domingo, República Dominicana– El presidente Luis Abinader reafirmo su intención de avanzar con una reforma a la Constitución de la República, incluso sin el apoyo ni consenso de los partidos políticos de la oposición. En su intervención del lunes 5 de agosto, Abinader dejó claro que la modificación constitucional es una prioridad de su gobierno, y que no está dispuesto a retrasar su ejecución por falta de diálogo con las fuerzas opositoras.
Simultáneamente, el gobierno lanzó una nueva plataforma de comunicación a través de WhatsApp denominada "#LAencuesta", cuyo objetivo, según el vocero gubernamental Homero Figueroa, es permitir que la ciudadanía exprese su opinión sobre temas cruciales para el país. Entre estos, destacan la propuesta de unificar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales para 2032, la reducción del número de diputados en el Congreso Nacional, la imposibilidad de modificar los límites del período presidencial, y la creación de un Ministerio Público independiente y apartidista.
Horas antes de que el presidente Abinader presentara formalmente su plan de reforma constitucional en su participación en "La Semanal", Figueroa detalló que las primeras preguntas de "#LAencuesta" fueron diseñadas para captar la opinión pública sobre estas propuestas.
Los resultados preliminares, presentados el 6 de agosto, muestran un abrumador respaldo a las iniciativas del mandatario. Según el reporte gubernamental, en solo 24 horas, 114,900 personas participaron en la encuesta, con un 93.6% de apoyo a las propuestas.
Sin embargo, analistas políticos y sectores de la sociedad civil han señalado que la metodología y el contexto de "#LAencuesta" pueden limitar la validez de los resultados, viéndola más como un recurso propagandístico que como una auténtica consulta popular. Este enfoque ha sido cuestionado, especialmente ante la falta de diálogo con los partidos opositores, que han criticado la reforma como un acto unilateral del gobierno.
El descontento entre los partidos opositores, especialmente la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ha hecho evidente ante lo que consideran una imposición por parte del gobierno. Estos sectores han advertido que, aunque la reforma podría ser legal según el procedimiento establecido en la Constitución, carecería de legitimidad al no haber sido fruto de un consenso nacional.
Mientras tanto, diversos grupos de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la falta de un verdadero diálogo inclusivo y han llamado al gobierno a reconsiderar su enfoque para asegurar que cualquier modificación constitucional sea el resultado de un proceso participativo y transparente.
El enfoque prioritario del presidente Abinader en la reforma constitucional ha generado críticas adicionales, dado que otras reformas sociales y económicas, así como la reestructuración de la administración pública, han quedado en segundo plano. Estas preocupaciones se suman al debate sobre si el impulso de la reforma constitucional responde más a un legado político que a las necesidades inmediatas del país.
