Por Ahora Noticias RD
SANTO DOMINGO- A cinco meses de la promulgación de la Ley 1-21, que establece la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), continúan las críticas y preocupaciones por su contenido, considerado por muchos como una amenaza para los derechos ciudadanos. Las voces que solicitaron una modificación de la ley por considerarla inconstitucional aún no han sido escuchadas.
Sigfrido Pared Pérez, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia, habló sobre la necesidad de modificar la ley aprobada en enero de este año. Pared Pérez destacó que, aunque la actualización de la ley era necesaria para sustituir la antigua legislación de 1978, la inclusión del artículo 11, que obliga a todas las personas e instituciones a entregar información al DNI, es preocupante.
"Ahí se pierde la esencia del organismo de inteligencia, que es conseguir información sin tener que cohesionar a nadie. Yo no puedo presionar a un periodista para que me dé información para yo llevarla al Estado, cuando yo puedo conseguirla por cualquier vía", declaró Pared Pérez. Este artículo ha generado inquietud porque podría permitir abusos por parte de funcionarios del DNI, al obligar a periodistas y ciudadanos a proporcionar información bajo presión.
Participación Ciudadana y otras organizaciones han manifestado su oposición a la ley, argumentando que la obligatoriedad de entregar información sin una orden judicial viola derechos fundamentales. El exprocurador general Francisco Domínguez Brito también criticó la ley, calificándola de "propia de regímenes autoritarios".
Sigfrido Pared Pérez: “No modificar artículo 11 de la nueva Ley del DNI es una metida de pata del Gobierno”
Entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDDD) expresaron su preocupación por las posibles repercusiones negativas en la libertad de expresión y los derechos de los ciudadanos.
La ley del DNI, sometida por el Poder Ejecutivo al Senado en 2021, perimió varias veces antes de ser asumida por los legisladores Milciades Franjul, Julito Fulcar y Pedro Tineo. A pesar de las protestas y solicitudes de reforma, la ley fue promulgada sin cambios significativos.
Pared Pérez sugirió que la solución sería simple: eliminar los artículos más controvertidos. "Lo que necesita es modificar ese artículo nada más, es enviar al presidente una modificación de esa ley, eliminar ese artículo y las penas del artículo 22, 23. Pero crearon una comisión y no han hecho nada", lamentó el exdirector del DNI.
A medida que el tiempo avanza, las preocupaciones por los posibles abusos de la ley continúan creciendo. Sin una respuesta efectiva del gobierno, el riesgo de que la ley se utilice de manera abusiva sigue presente, afectando la privacidad y los derechos de los ciudadanos dominicanos.
Las organizaciones y expertos en derecho llaman a una acción inmediata para reformar la ley y asegurar que no se convierta en una herramienta de represión y control, sino en un instrumento adecuado para la inteligencia nacional que respete los derechos humanos y la constitución del país.
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