Por: Ahora Noticias RD
La Vega, República Dominicana- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron una acusación formal contra presuntos miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres. Que según las autoridades, esta red estaba liderada por Miguel Arturo López Florencio (conocido como “Miky López”) y su esposa, Rosa Amalia Pilarte López, diputada por la vega.
Los acusados, cuñados de la diputada Pilarte López, habrían simulado ser los socios de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL. Esta empresa posee 20 inmuebles, incluyendo la lujosa mansión donde actualmente reside Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación formal, presentada ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar la adquisición de estos bienes inmuebles. ya que el valor total de los inmuebles asciende a RD$183,386,000.00.
Además, la información financiera arroja luz sobre movimientos exorbitantes de dinero en la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL. Durante el período de 2015 a 2019, la empresa recibió entradas de dinero por un total de RD$434,098,604.65. Los acusados, Manuel Antonio Inoa Valdez y María Altagracia Cepeda Suárez, cuyos oficios son chofer y ama de casa respectivamente, no pueden justificar estas transacciones financieras.
El Ministerio Público ha identificado violaciones a las disposiciones legales, incluyendo la Ley 155-17 y la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero, así como la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigido por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, ha confirmado la individualización de cada acusado y la relación entre ellos.
El fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, asegura que la investigación se realizó conforme a las normas legales. Las pruebas recabadas en la etapa de investigación incluyen evidencia documental, testimonial, pericial, ilustrativa, material y audiovisual que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
Todos los inmuebles identificados en la investigación se encuentran incautados y son solicitados para un eventual juicio.
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